La Comunidad de Madrid ha confirmado este miércoles tras el Consejo de Gobierno que si finalmente se impone el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados desde zonas tensionadas como Canarias a Madrid «ya está estudiando la apertura» de nuevos centros, al margen del de Fuenlabrada.
El primer paso será ampliar el complejo de La Cantueña, donde hay alojados actualmente un centenar de niños. Pero si hay un elevado número de migrantes (podrían llegar entre 700 y 800), se buscarán otras ubicaciones en municipios de Madrid donde acogerlos.
Era una de las reivindicaciones del alcalde fuenlabreño, Javier Ayala, que había cuestionado que la totalidad de los migrantes que acogerá la comunidad madrileña fuesen a La Cantueña.
Nuevos acuerdos
Y es que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado, en su reunión de hoy, tres acuerdos por tramitación de emergencia con 2,7 millones de euros para atender a 182 menores inmigrantes no acompañados durante este año. Estos contratos permitirán gestionar 112 plazas en dispositivos de titularidad pública y 70 en centros privados.
Paralelamente y conforme a lo que dispone la legislación de extranjería, la Comunidad de Madrid ha solicitado a la Delegación del Gobierno la reagrupación familiar de cuatro menores con graves dificultades de adaptación para salvaguardar su protección. Estos estuvieron implicados en la reyerta en La Cantueña que se saldó con 12 detenidos y siete trabajadores del centro heridos.
De esta manera, la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia continuará valorando todos aquellos casos que presenten imposibilidad real de integración, según fuentes regionales.
La Comunidad de Madrid ha atendido desde 2019 a más de 10.600 menores, de ellos 2.442 en 2024 y 1.028 en el primer trimestre de este año. Esta situación ha provocado que los recursos «se encuentren saturados con una sobreocupación actual del 132 por ciento».
Resolución judicial
Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha dado a conocer que la jueza de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid le ha dado la razón al anular el Decreto por el que el Ayuntamiento de Fuenlabraba acordaba iniciar en mayo de 2024 la paralización de las obras en el centro de menores de La Cantueña.
Así consta en un auto, en el que la magistrada estima un recurso formulada por la Comunidad de Madrid contra el Decreto de 29 de mayo de 2024, del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por el que se acuerda iniciar el procedimiento de suspensión inmediata de las obras iniciadas por la Comunidad de Madrid en el Cerro de La Cantueña.
Dicha resolución disponía la suspensión de las obras, con apercibimiento de proceder a su precinto en el caso de no suspenderse voluntariamente, anulando la misma por no ser conforme a Derecho.
Los magistrados aprecian que, a través del Decreto de suspensión de las obras se perseguía «paralizar la eficacia de un acto administrativo dictado por la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias y no precisado de intervención urbanística municipal, lo que constituiría un supuesto de desviación de poder que abundaría en la ilegalidad del Decreto impugnado».
La Comunidad considera que el Decreto de paralización de las obras vulnera el artículo 163 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, señalando que las obras están amparadas en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 22 de mayo de 2024, que se dictó al amparo del citado artículo 163, y que no ha sido impugnado por el demandado en vía administrativa ni judicial, por lo que resulta ejecutivo.
«Hacinar a los menores»
Fuentes municipales han señalado a Noticias para Municipios que, «una vez más, la Comunidad de Madrid que hacina y aísla a los menores no acompañados, demuestra que su único interés es hacer partidismo de un asunto tan importante como es la atención a los y las menores. Ahora, sacan pecho de que una sentencia anula un decreto de paralización de obras cuando las obras han acabado ya hace meses».
«Ya sabemos que la Comunidad pretende reproducir los problemas que vive Canarias con macro centros que no sirven para atender a los menores y trabajar en su integración», han destacado.
Teas ello, han recordado que el TSJM «investiga aún el contrato a dedo del Gobierno de Ayuso para las obras de este centro». «El modelo de hacinar y aislar menores de la Comunidad de Madrid no funciona y es el peor modelo posible», han sentenciado las mismas fuentes.
Por otro lado, han calificado de «rotundamente falso» que la sentencia diga que «el centro sea propiedad de la Comunidad de Madrid».
