El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid ha desestimado las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Fuenlabrada y ha ratificado la continuidad de las obras del centro de menores migrantes que la Comunidad de Madrid está habilitando en un edificio de La Cantueña de Fuenlabrada, cedido por el Ayuntamiento hace 20 años.
Mientras, el Ayuntamiento fuenlabreños ha asegurado que esta resolución «no agota el procedimiento». A su entender, el auto «se refiere exclusivamente a las medidas cautelares», y lo recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
En el auto, al que ha tenido acceso Noticias para Municipios, el juzgado considera que la «urgencia» de las obras para tenerlas antes de una fecha está «objetivamente justificada».
Preservar el interés del menor
Además, cree que hay que «preservar el superior interés del menor» a los que va dirigido el centro, que cubrirá «las necesidades más básicas y vitales de unos menores que se encuentran en situación legal y material de desamparo».
Concluye el juzgado que, «si se llevase a efecto el precinto de las obras de remodelación acordado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, el recurso podría perder su finalidad, dado que el perjuicio que se irrogaría (ofrecer asistencia básica vital a unos menores en desamparo dentro de un contexto de fuerte presión migratoria), sería irreparable o de muy difícil reparación».
Edificio sin actividad en La Cantueña
En cuanto al inmueble, el juzgado considera que en el edificio sito en el Cerro de La Cantueña «no se lleva a cabo actividad alguna desde hace décadas» y que presenta «un estado de deterioro global que en este momento impide que pueda ser utilizado para cualquier fin».
El juzgado asegura que «no existe, por tanto, ningún uso público del espacio que se pueda ver comprometido por el acometimiento de las obras»
«No existe, por tanto, ningún uso público del espacio que se pueda ver comprometido por el acometimiento de las obras», sentencia.
El juzgado acuerda, por todo ello, mantener la medida cautelar provisionalísima de suspensión de la ejecutividad del Decreto de 29.05.2024, dictado por la
Concejala Delegada en materia de Infraestructuras, Urbanismo, Movilidad y Mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por el que se acuerda incoar expediente para la adopción de medidas de suspensión de obras».
Contra este auto cabe interponer recurso de reposición ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en los 15 días hábiles siguientes a la notificación.
El Ayuntamiento: el proceso no se agota aquí
El Ayuntamiento de Fuenlabrada, por su lado, no ha recibido aún notificación del auto pero lo recurrirá ante el TSJM cuando lo reciba, según han confirmado fuentes municipales a Noticias para Municipios.
No obstante, ha precisado que éste «se refiere exclusivamente a las medidas cautelares». «Está aún pendiente de dilucidar el contencioso administrativo contra el decreto de paralización de los trabajos por parte del Ayuntamiento. Es decir, esto no agota ni mucho menos el procedimiento, puesto que el juzgado aún debe entrar en el fondo del asunto», han señalado las mismas fuentes.
«Esto no agota ni mucho menos el procedimiento, puesto que el juzgado aún debe entrar en el fondo del asunto»
En este sentido, han confirmado que Fuenlabrada «va a continuar trabajando por todas las vías que tiene en su mano con el objetivo de evitar un atropello de la Comunidad de Madrid».
A su juicio, la Administración regional «pretende castigar a Fuenlabrada». «Además, supone poner en marcha un modelo de atención a menores no acompañados que incumple todos los criterios que marcan no solo el Consejo de Europa, sino la propia ley regional de Servicios Sociales», ha reiterado.
«La ciudadanía de Fuenlabrada puede estar segura de que el Consistorio va a defender sus derechos frente a las agresiones de la Comunidad de Madrid», ha zanjado.
El trayecto del contencioso
Los servicios jurídicos municipales de Fuenlabrada habían presentado alegaciones a las medidas cautelarísimas acordadas, que obligaban al Ayuntamiento a desprecintar las obras que paralizó y autorizaba los trabajos para habilitar el centro para menores migrantes no acompañados.
El Ayuntamiento consideró que no había urgencia para las obras y que existe un expediente de reversión que debe resolverse primero
Estas alegaciones se basaban, por un lado, en el hecho de que “existe un expediente para la reversión del espacio, lo que recomendaría la paralización de las obras hasta que quede clara la titularidad de los terrenos y del inmueble de La Cantueña”.
Por otro lado, el escrito del Consistorio cuestionaba la “urgencia de dichas obras alegada por la Comunidad de Madrid”. Entiende que la Administración regional “no ha acreditado en ningún momento fechas concretas para respaldar dicha urgencia“. “Se basa solamente en ideas y pronósticos hipotéticos”, agrega.
