El Ayuntamiento de Fuenlabrada no se rinde y ha dado un nuevo paso en su contencioso con la Comunidad de Madrid por el centro de menores de La Cantueña.
Los servicios jurídicos municipales han presentado alegaciones a las medidas cautelarísimas acordadas por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid. Estas medidas obligaban al Ayuntamiento a desprecintar las obras que paralizó y autorizaba los trabajos para habilitar el centro para menores migrantes no acompañados.
Fuentes municipales han detallado que las alegaciones se basan, por un lado, en el hecho de que «existe un expediente para la reversión del espacio, lo que recomendaría la paralización de las obras hasta que quede clara la titularidad de los terrenos y del inmueble de La Cantueña».
Por otro lado, el escrito del Consistorio cuestiona la «urgencia de dichas obras alegada por la Comunidad de Madrid». Entiende que la Administración regional «no ha acreditado en ningún momento fechas concretas para respaldar dicha urgencia«. «Se basa solamente en ideas y pronósticos hipotéticos», agrega.
«Abuso de derecho»
Las alegaciones indican que la actuación del Gobierno regional es “un abuso de derecho” que se realiza “a sabiendas de que se encuentra viciada de una eventual vulneración del ordenamiento y del Convenio” de cesión del espacio.
Queda acreditado, según el escrito, que la Comunidad “es consciente de que su actuación es ilícita”. «Solo pretende generar un perjuicio al propio Consistorio”, apunta. Y advierte que, en caso de se lleven a cabo las obras, podría ver “reintegrado a su patrimonio una serie de inmuebles modificados y no acordes a la propia normativa urbanística, y que nada tienen que ver con los inicialmente cedidos«.
Con ello, debería «o bien reclamar a la Comunidad de Madrid la restitución o bien utilizar sus propios recursos para paliar una actuación fundada en la mala fe de la administración autonómica”.
El conflicto arrancó cuando la Comunidad anunció que adaptaría el centro de difusión ambiental de La Cantueña en un centro para menores migrantes. El Ayuntamiento activó la cláusula del convenio para recuperar el centro al incumplirse, a su juicio, el fin último del centro. Llegó a paralizar las obras.
