La Asamblea de Vivienda de Villalba ha pedido a los vecinos del municipio que acudan, como muestra de apoyo a la vecina afectada, al desahucio que está previsto ejecutarse el próximo 8 de marzo en la calle Peñalara, 4 de la localidad.
«El Día Internacional de la Mujer quieren desahuciar a una mujer de una vivienda protegida de Villalba para que los fondos buitre puedan continuar con su negocio. No vamos a permitir que los recursos públicos destinados a vivienda social se pongan al servicio de la especulación inmobiliaria», señalan desde la organización vecinal.
La ejecución de este desahucio dejaría en la calle a Mª Ángeles, «una mujer de 70 años que sufre una discapacidad». A pesar de tener trabajo, destacan desde el colectivo vecinal, «Mª Ángeles no pudo asumir las subidas del precio de alquiler durante los peores meses de la pandemia», explican, al tiempo que destacan que «es evidente que ante el fracaso de las políticas de vivienda basadas en la colaboración público-privada y del escudo social articulado durante la pandemia, solo el pueblo organizado puede garantizar el derecho a la vivienda».
Plan de Vivienda Municipal 2003-2007
Así, tal y como explican desde la Asamblea de Vivienda de Villalba, «el 14 de noviembre de 2005 el Ayuntamiento de Villalba presentaba el Plan de Vivienda Municipal 2003-2007 en el que se contemplaban 116 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra. Estas viviendas protegidas se construyeron en terrenos municipales por el grupo Larcovi y pasaron a ser propiedad de la inmobiliaria Lazora, inmobiliaria que además es dueña del fondo de inversión En Casa Cibeles».
El equipo de Gobierno de entonces, asegura la agrupación, «prometía que el alquiler de estas viviendas no superaría en 25 años los 300 euros, pero en poco tiempo esta promesa quedó incumplida. Además, el entramado financiero que se quedó con estas viviendas, no contento con subir el precio de los alquileres, obligó a los inquilinos a pagar el IBI, introduciendo además algunas cláusulas que el propio Ayuntamiento denunció en 2008″.
Mª Ángeles entró en uno de estos pisos por un sorteo que se celebró en abril de 2006 entre personas que se encontraban en una acreditada situación de vulnerabilidad. Las frecuentes subidas de alquiler hicieron inasequible la vivienda para Mª Ángeles, por lo que se vio obligada a buscarse un trabajo y a rechazar por insuficiente una prestación que recibía y más adelante rechazar la pensión que por edad le correspondía, explica la Asamblea de Villalba.
Actualmente, «Mª Ángeles, a sus 70 años de edad, sigue trabajando, pero no puede afrontar los 567 euros que le quería cobrar Lazora con la última renovación del contrato que estaba prevista para el 20 de marzo de 2020, pocos días después de decretarse el Estado de Alarma por la pandemia».
Demandada por Lazora y «en una situación de precariedad, solicitó justicia gratuita, pero el abogado de oficio que le tocó desistió de llevar su caso, sin dar apenas explicaciones», denuncia el colectivo, mientras señala que «sola y judicialmente indefensa se iba a enfrentar Mª Ángeles a su desahucio el 8 de marzo, pero ahora la Asamblea de Vivienda estamos con ella y no vamos a permitir que esto ocurra».
«Mª Ángeles fue beneficiaria de un Plan Municipal de Vivienda, pero terminó siendo una víctima más de la especulación inmobiliaria. Desprotegida por las instituciones públicas ante el voraz mercado de la vivienda, solo puede esperar de la solidaridad de vecinos y vecinas para parar esta injusticia», denuncia la Asamblea de Vivienda, colectivo que anima a los vecinos a acudir el próximo 8 de marzo, a las 9:30 horas, a la calle Peñalara, 4 «para impedir que los fondos buitre vuelvan a dejar a alguien en la calle en Villalba».
En opinión de la agrupación villalbina, «las políticas de vivienda social que apuestan por la colaboración público-privada demuestran nuevamente su fracaso en lo social y su éxito entre los fondos buitres».
El colectivo vecinal recuerda que «no es la primera vez que en Villalba desahucian de unas viviendas similares, fue de hecho el mismo entramado financiero en 2016 quien desahució en las Viviendas de Protección Oficial de Los Valles, construidas dentro de la misma promoción. Se demostró, además, que estas 44 viviendas de los Valles fueron vendidas ilegalmente por la Comunidad de Madrid en 2013, tal y como dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid«.
