Continúa el conflicto judicial que enfrenta a los grupos municipales PSOE y Unidas por Collado Villalba contra el equipo de Gobierno, PP y Ciudadanos, a causa de los auxiliares administrativos de los partidos de la oposición.
El último paso de este choque judicial lo ha dictado recientemente la jueza encargada del caso, que ha aprobado que se pueda ejecutar provisionalmente la sentencia que se dictó el pasado mes de febrero, por la que se declaraba el derecho de las formaciones políticas de la oposición a contar con un auxiliar administrativo cada una.
La sentencia fue recurrida por Alcaldía y está aún pendiente de resolución definitiva, por lo que los grupos denunciantes (PSOE, Unidas por Collado Villalba y Más Madrid) solicitaron como medida cautelar la ejecución provisional de la sentencia.
La jueza ha determinado en este nuevo auto que ambos partidos pueden contar, desde ahora y sin esperar a la sentencia firme, con un auxiliar administrativo cada uno en el Consistorio, pero exige que las dos formaciones políticas que tienen derecho a ello (PSOE y Unidas por Collado Villalba) consignen, en un plazo de 20 días desde la publicación del auto, el salario hasta final de legislatura de las dos personas a contratar: 17.000 euros al año y los seguros sociales.
El Ayuntamiento se vería obligado, entonces, a contratar a los dos auxiliares de los dos grupos municipales que lo exigen, «si depositan el dinero; si no, no», ha explicado la alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, en un encuentro con la prensa esta mañana. Si en el futuro la sentencia firme fallara a favor de Unidas por Collado Villalba y PSOE, el aval bancario o el dinero depositado retornaría a ambas formaciones. «Si ellos depositan, deberemos hacer lo que diga el juez, como siempre hemos hecho», ha señalado la regidora.
«Obstáculos a la participación política»
Conocido el auto, los grupos políticos demandantes han solicitado a la alcaldesa y al equipo de Gobierno «que cumplan con la igualdad de trato exigida por nuestra Constitución y cesen en poner obstáculos a la participación política”. Asimismo, reclaman «que dejen de gastar el dinero del Ayuntamiento en pagar a abogados y procuradores en la interposición de nuevos recursos y se avengan a llegar a un acuerdo consensuado de la Corporación».
«Recordemos que en la sentencia se rechazaba la discriminación contra estos grupos que favorecía a otros, incumpliendo los principios constitucionales del derecho a la igualdad en la participación política», explican las tres formaciones denunciantes en un comunicado conjunto.
