El conflicto por el presunto burdel clandestino de la calle Espada de Alcorcón suma un nuevo capítulo. Después de más de cinco años de denuncias y reclamaciones vecinales, el Ayuntamiento ha decidido abrir una nueva vía de actuación mediante la colaboración con asociaciones especializadas en la lucha contra la explotación sexual de las mujeres.
La iniciativa pretende abordar la situación desde una perspectiva diferente, complementando las actuaciones policiales y administrativas con labores de mediación dirigidas a las mujeres que se encuentran en el establecimiento, ubicado en el número 7 de esta céntrica calle de Alcorcón.
La alcaldesa, Candelaria Testa (PSOE), ha explicado que el Consistorio mantiene la vigilancia policial y tiene abierto un expediente por una posible actividad económica ilegal, pero que ahora ha incorporado una «tercera vía de acción» a través de entidades que trabajan contra la explotación sexual.
Estas asociaciones realizan labores de mediación con mujeres que podrían estar siendo víctimas de explotación, en ocasiones con profesionales de su misma nacionalidad. En este caso, las mujeres relacionadas con el establecimiento serían de origen asiático.
Cinco años de denuncias y un problema que no desaparece
La decisión municipal llega después de las reiteradas quejas de los residentes del edificio, que aseguran llevar más de cinco años soportando las consecuencias de la actividad del local situado en uno de los bajos del inmueble.
Como ya recogió Noticias para Municipios en una información publicada el pasado 14 de octubre, el presidente de la comunidad, Luis, relató el hartazgo de los vecinos ante una situación que, según denunciaba, había ido empeorando progresivamente.
La comunidad llegó a contabilizar alrededor de 15 clientes diarios antes del verano. La colocación de carteles en el edificio para denunciar públicamente lo que estaba ocurriendo coincidió con una breve interrupción de la actividad, aunque el parón apenas duró 15 días.
Posteriormente, el establecimiento habría retomado su funcionamiento. En el momento de aquella información, los residentes calculaban que acudían aproximadamente siete clientes al día.
Los vecinos denuncian que el tránsito de personas por el portal y las zonas comunes ha provocado enfrentamientos, molestias y situaciones de inseguridad. También aseguran que algunos clientes protagonizan comportamientos intimidatorios y generan problemas de convivencia.
Ocho denuncias policiales y 17 familias afectadas
El inmueble alberga actualmente a 17 familias, alrededor de 30 adultos y una decena de menores. Entre los residentes hay personas mayores que viven solas y que también se ven afectadas por el movimiento de clientes en las zonas comunes.
Los vecinos aseguran haber denunciado los hechos hasta en ocho ocasiones ante las autoridades policiales: cuatro ante la Policía Municipal y otras cuatro ante la Policía Nacional.
El establecimiento se presenta como un centro de masajes, aunque los residentes sostienen que existen numerosas páginas web en las que se anuncia como un negocio de prostitución. El presidente de la comunidad explicó que había comprobado personalmente esa publicidad e incluso había obtenido por teléfono información sobre las tarifas y los horarios.
Pese a las denuncias, la actividad habría continuado, lo que ha incrementado la frustración de los residentes, que llevan años reclamando una solución.
La Policía Nacional investiga el establecimiento
El Ayuntamiento de Alcorcón mantiene abierto un expediente por una posible actividad económica ilegal. No obstante, fuentes municipales han señalado que la investigación se encuentra actualmente en manos de la Policía Nacional.
Una de las dificultades para intervenir en este tipo de establecimientos reside en las limitaciones legales que afrontan los agentes para acceder al interior y realizar determinadas actuaciones cuando no disponen de autorización judicial.
Ante este escenario, el Consistorio ha optado por incorporar la mediación de asociaciones especializadas en la lucha contra la explotación sexual, con el objetivo de abordar también la posible situación de vulnerabilidad de las mujeres que trabajan en el local.
La nueva iniciativa municipal abre así otra línea de intervención en un conflicto que enfrenta desde hace años a los residentes con la actividad del establecimiento. Mientras avanzan las actuaciones policiales y administrativas, las 17 familias del número 7 de la calle Espada siguen esperando una solución que les permita recuperar la tranquilidad en sus viviendas.