Se trata del pago de sentencias derivadas de “la inacción” de la anterior Corporación, del PP, por una serie de expropiaciones de terrenos
ALCORCÓN/ 6 NOVIEMBRE 2020/ El Ayuntamiento de Alcorcón ha anunciado que tendrá que destinar más de 23 millones de euros del remanente libre de tesorería del ejercicio 2019 al pago obligatorio de sentencias derivadas de “la inacción” de la anterior Corporación, del PP, por una serie de expropiaciones de terrenos.
De los 23 millones de euros que saldrán de la tesorería, y que se incorporará al capítulo de expropiaciones de terrenos, 18,2 millones irán a parar a un fondo de previsión de la ejecución de sentencia relativa al Parque de Las Presillas y los otros 4,9 al del barrio de Fuente Cisneros, según ha señalado el Consistorio en una nota.
“Ambos casos tienen el denominador común de la ‘torpeza’ en la gestión urbanística de los anteriores responsables“, ha señalado la edil de Hacienda, Candelaria Testa (PSOE), quien insiste en que “todo ello deriva del afán del anterior alcalde de paralizar y bloquear procedimientos puestos en marcha por los anteriores Gobiernos socialistas”.
En el caso del Parque de Las Presillas, la concejala ha recordado que el anterior Gobierno del PSOE configuró el espacio para “potenciar sus características y beneficios para la ciudad, como un parque periurbano, el pulmón de la ciudad de Alcorcón”, para lo cual se “traspasó edificabilidad, de común acuerdo con los propietarios de los terrenos, al Distrito Norte”.
“Esta cuestión se invalidó cuando este desarrollo de la zona norte de la ciudad se declaró nulo en los Tribunales sin que el Ayuntamiento de Alcorcón, entonces gobernado por David Pérez (PP), tomara parte en el proceso, ya que el Consistorio se negó a comparecer en el procedimiento”, asegura Testa.
Caso de Fuente Cisneros
El caso de Fuente Cisneros hace referencia a la finca en la que, gracias a Fondos del Plan E, se construyó un centro cívico y un parque en 2009, cuando el Ayuntamiento, gobernado entonces por el PSOE, llegó a un acuerdo con la propiedad para realizar una permuta de terrenos en Ventorro del Cano.
“Esta operación, valorada en 3 millones de euros, fue muy beneficiosa para la ciudad ya que no sólo no repercutía ningún gasto para las arcas municipales“, ha añadido Testa, quien lamenta que, cuando el PP accedió al Gobierno, también decidió paralizar el procedimiento.
Ahora, indica la nueva responsable de Hacienda, tras la denuncia de los propietarios en 2013 ante la inacción del Gobierno municipal, de PP, el Ayuntamiento tendrá que acabar pagando “otros 5 millones en fondos líquidos del Ayuntamiento”.
“Se trata de un valioso crédito que, en lugar de ir a planes de asfaltado o inversiones absolutamente necesarias en barrios e instalaciones municipales, lamentablemente deberán ser aplicadas al cumplimiento de sentencias firmes”, ha concluido la edil.