El acuerdo alcanzado por los partidos del Gobierno de coalición y los independentistas de Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu para desbloquear la Ley de Vivienda consolidará el tope al precio del alquiler en todo el territorio español, independientemente de que sea o no área tensionada, permitirá rebajar de diez a cinco inmuebles el concepto de grandes tenedores y extenderá a las personas físicas las restricciones para arrendadores contempladas en esas zonas tensionadas.
Hoy en Leganés, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha visitado parcelas de vivienda pública donde levantará viviendas el Ayuntamiento y ha destacado que la nueva ley protegerá a los pequeños propietarios y a los inquilinos para que «no sufran subidas desorbitadas de los alquileres».
Según consta en el acuerdo, presentado en el Congreso por los portavoces de EH Bildu y ERC, Oskar Matute y Pilar Vallugera, respectivamente, se mantendrá el límite del 2% para este año en la subida del alquiler, un tope que se incrementará al 3% en 2024 para, antes del 31 de diciembre del próximo año, crear un nuevo índice de referencia aplicable en todo el territorio.
En concreto, se eliminará el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos en todo el territorio español, al considerar estos grupos que la inflación «ha demostrado ser un índice que puede generar en pocos meses fluctuaciones enormes».
El nuevo indicador, de cuya elaboración se encargará el Instituto Nacional de Estadística (INE), pretende ser más estable e inferior a la evolución del IPC y será aplicable también en aquellos contratos firmados con anterioridad a la ley que estuvieran sujetos al IPC. Para compensar en parte estas limitaciones, también se incluirán en la ley incentivos fiscales a pequeños propietarios, algo que para la portavoz de ERC «no ha sido un plato de buen gusto».
Prohibida la venta a fondos ‘buitre’
Desde el Gobierno han incidido en esos beneficios fiscales. Por ejemplo, se crea un sistema potestativo para las entidades locales, a través del IBI, para favorecer la movilización de viviendas vacías. Asimismo, se protegerán los parques públicos de vivienda y se prohibirán la venta a fondos de inversión.
Por otro lado, los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida aumentar del 30% al 40% en el suelo urbanizable y del 10% al 20% en suelo urbano no consolidado. Adicionalmente, se establecen mecanismo para garantizar la transparencia en el ámbito inmobiliario, tanto en la compra como en el alquiler.
La norma establece nuevas causas para la aplicación de medidas de control en las zonas tensionadas. Así, estas zonas serán declaradas cuando la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración del área tensionada.
Basta con que se cumplan una de las dos condiciones para que el área adquiera esta calificación. En estas zonas, si los propietarios quieren prorrogar un contrato a un inquilino, este nuevo alquiler mantendrá de manera obligatoria las mismas condiciones que el contrato anterior durante un periodo máximo de tres años.
Competencias regionales «blindadas»
Además, la ley respetará las competencias autonómicas y locales, suprimiéndose siete artículos relativos a políticas de consumo. Según han explicado ERC y Bildu, en esta materia el Estado no tiene competencia, y por eso se ha llevado a cabo esta modificación para así superar la «vulneración competencial» en materia de vivienda de las comunidades autónomas.
Por otro lado, se prohibirán los desahucios sin fecha y hora predeterminada. También se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de dos años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables.
Además, las comunidades autónomas podrán articular mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional que consideren oportunos, forzando a los grandes tenedores que realicen desahucios a someterse a los mismos.
Honorarios
Otro aspecto clave del acuerdo es que los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario. Esto supone terminar con gastos y honorarios «abusivos» que impiden a muchas personas y especialmente a los y las jóvenes, acceder a una vivienda por el desembolso inicial que supone.
En concreto, se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, que obligarían a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro gasto no atribuible al inquilino que no estuvieran acordadas previamente.
En este sentido, para aplicar un incremento en el precio del alquiler por la elaboración de una reforma en la vivienda, dicha reforma tendrá que superar el 10% del valor de compraventa de la casa. Según ha explicado Matute, con esta medida han querido subsanar esta forma de subida de alquileres, una «picaresca», ha dicho, aplicada en el entorno europeo.
Reacciones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el «acuerdo histórico» para sacar adelante la Ley de Vivienda. De este modo, el Gobierno da respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, según ha señalado.
Por su lado, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha calificado de «histórico» el acuerdo para aprobar la Ley de Vivienda, una normativa con la que gana la ciudadanía y «pierden» la banca, los especuladores y la patronal inmobiliaria.
También ha expresado su satisfacción por este pacto tras tres años «largos» y «con muchas horas de negociación» para alumbrar la primera Ley de Vivienda estatal, al proclamar que no se equivoca al afirmar que ha sido la negociación «más difícil» de todo el mandato, teniendo en cuenta además «como ha sido la legislatura».
Acuerdo con el «entorno de ETA»
Entretanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este viernes que sea «el entorno político de ETA» el que decida «cómo será la vivienda todos».
«El asunto es primero con quién se está pactando. Me parece sorprendente que se blanquee a Bildu hasta tener la capacidad de decidir sobre la vivienda de todos los españoles», ha señalado Ayuso.
La dirigente madrileña ha reiterado que esta normativa será recurrida en los tribunales por la Comunidad de Madrid «siempre que ataque» a las competencias autonómicas. Para la presidenta regional, «todo lo que sea intervenir va a ser llevar a España a la pobreza más absoluta».
Todo muy bonito, de cuento de hadas, pero hay muchos interrogantes y ausencias, que no se toca los desahucios de viviendas de morosos, que han presentado una bonita nomina y luego dejan de pagar desde el primer mes, este es el miedo de muchos propietarios que no sacan su piso a alquilar por el miedo y la inseguridad que tiene hoy un propietario de los pequeños. Gran tenedor de piso era uno con diez o mas y ahora es uno de cinco o mas, mañana será de dos o mas, Así se hacen las Leyese España, el único consuelo es que la han echo los que han echo la Ley de «si solo si» y les ha salido al revés esta igual que muchas otras que no salen en televisión y en los medios, porque lo que hay hoy en el gobierno haciendo leyes son una pena que da vergüenza.