La semana pasada el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles volvió a mover ficha en el conocido como ‘Caso ITV’. Este caso investiga la condonación de una deuda de más de dos millones a la empresa ITV Móstoles por parte de la anterior alcaldesa, Noelia Posse (PSOE), y de ocho de sus concejales en la anterior legislatura.
En su último auto, la jueza María Pinto ha dado un paso más y propone juzgar a Posse y a estos ocho ediles por un presunto delito de prevaricación, dejándolos al borde del banquillo de los acusados.
Este auto supone un paso previo a la apertura de juicio oral por un presunto delito de prevaricación, por lo que voces como el nuevo alcalde, Manuel Bautista (PP), han exigido su dimisión y han pedido también al secretario general del PSOE-M y a la dirección federal del PSOE, que actúen ante esta situación.
A la Comisión de Garantías
Tras conocer estas nuevas actuaciones judiciales, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha reiterado que será la Comisión de Garantías del partido quien, «en el momento en que se abra juicio oral», tome una decisión sobre la posible suspensión de militancia de Posse y los otros cuatro ediles socialistas investigados en la causa.
«Vamos a hacer lo que dijimos del minuto uno, con ella y con cualquier otro caso que se pudiera producir en el ámbito del PSOE de Madrid, que es que en el momento que se abre juicio oral a cualquier militante de forma fulminante esta dirección lo va a mandar a la Comisión de Garantías», ha insistido Lobato.
El también portavoz socialista en la Asamblea de Madrid ha reiterado que, aunque «se da un paso más, no se ha producido todavía la apertura de juicio oral», pero «en todo caso, el papel del partido lo tienen muy claro» en caso de que se produzca el hecho finalmente de apertura de juicio oral.
Además de Posse, están acusados de un presunto delito de prevaricación el exprimer teniente de alcalde David Muñoz; la exconcejala de Empleo y Nuevas Tecnologías, Rebeca Prieto; el exedil de Seguridad, Cultura y Transición Ecológica, Alejandro Martín; y a la exedil de Presidencia y Desarrollo Urbano, María Luisa Ruiz.
Todos ellos continúan hoy en día como concejales del grupo socialista en el Ayuntamiento de Móstoles, con la propia Posse como portavoz municipal, una vez que fueron desalojados del Gobierno municipal tras la victoria de PP y Vox en las últimas elecciones municipales.
¿Cómo quedaría el grupo municipal?
Desde el PSOE-M esperaban que la apertura de juicio oral se produjera antes de las elecciones del 28 de mayo para que Noelia Posse no liderara la lista municipal de Móstoles. Sin embargo, Posse acabó liderando la lista y otros cuatro ediles investigados también ocuparon los primeros puestos.
Aunque tanto Posse como los otros concejales en activo aseguraron hace unos meses que si se abriera juicio oral contra ellos, tomarían la decisión de marcharse, «tal y como marcan los estatutos y establece el PSOE», todo está en el aire en estos momentos.
Si se produce la apertura de juicio oral, el Comité de Garantías se vería obligado a aplicar el código ético del PSOE, lo que conlleva la expulsión del partido de Noelia Posse, que además de portavoz municipal es presidenta de la Agrupación Socialista de Móstoles.
También serían expulsados Álex Martín, concejal y secretario general del PSOE de Móstoles; David Muñoz, concejal y secretario de Organización; Marisa Ruiz, concejala y secretaria de Estrategia, Programas y Acción electoral; y Rebeca Prieto, concejala y secretaria de Empleo en el partido.
De esta manera, el grupo municipal del PSOE, que actualmente tiene 7 concejales, se quedaría solo con dos concejales: Carlos Rodríguez de Olmo y Susana López de Antequera, esta última pareja del abogado que representa a Posse y varios de los concejales investigados.
Si Posse y los otros cuatro ediles dejaran su acta de concejal, entrarían a formar parte del grupo municipal los otros cinco concejales siguientes. Sin embargo, al quedar expulsada prácticamente a toda la Ejecutiva local, el partido tendría que nombrar una gestora en Móstoles.
Sobre el futuro de la Agrupación Socialista de Móstoles si finalmente acaban siendo expedientados, Lobato ha explicado que «cuando vengan los procesos orgánicos se decidirán con normalidad los liderazgos», pero que hasta que no se produzca la apertura de juicio y luego actúe la comisión de garantías «tampoco se puede avanzar más».
Ya fue suspendida de militancia
No es la primera vez que Noelia Posse se enfrentaría a un expediente del Comité de Garantías del PSOE. En 2019, nada más asumir el bastón de mando del municipio, fue suspendida de militancia por la formación tras darse a conocer siete presuntos casos de nepotismo.
Posse fue suspendida por, entre otros motivos, la contratación a dedo de su hermana como responsable de las redes sociales del Consistorio, un puesto de libre designación con un sueldo de 52.000 euros. También se desveló entonces el ascenso de su tío a director técnico de Deportes, aumentando su sueldo 1.607 euros más al mes.
Entonces, pese a las presiones del partido, dirigido en aquel momento por José Manuel Franco, Posse se negó a dimitir y sólo fue suspendida nueve meses, ya que no se demostró ninguna ilegalidad en los nombramientos, pese al evidente caso de nepotismo.