La exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse (PSOE), al frente de la localidad entre los años 2018 y 2023 y ahora portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, y siete de sus ediles en la anterior legislatura están al borde de sentarse en el banquillo por el llamado ‘Caso ITV’.
La jueza María Pinto Andrés, juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles que investiga el caso, ha desestimado el último recurso presentado por las defensas de Posse y sus concejales, que estaba retrasando la apertura de juicio oral.
En concreto, la jueza ha desestimado el recurso que pedía rechazar la personación del Ayuntamiento como acusación particular por las presuntas responsabilidades contables de Posse y sus concejales referidas a la reducción y falta de cobro del canon adeudado por la empresa concesionaria ITV Móstoles al Consistorio.
Además, en este último auto, la jueza vuelve a amonestar a los recurrentes y les acusa nuevamente de un «claro ánimo dilatorio» en estos recursos, cuya «única finalidad» es «retrasar el dictado del auto de acomodación procedimental», es decir la apertura del juicio oral.
Origen del caso
La querella que dio pie a esta investigación fue interpuesta en febrero de 2021 por dos exediles de Más Madrid, Susana García y Gabriel Ortega, al entender que el Ayuntamiento «perdonó el cobro de las tasas» que suponen la utilización de suelo público para que la empresa ITV Móstoles S. L. desarrollara su actividad en la localidad.
En la misma, los exediles de Más Madrid aseguraban que la decisión de no cobrar la deuda responde al «mero capricho de la sociedad y de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, así como del tesorero» que atendieron «al interés de la empresa privada» y no al de la administración pública.
«La necesidad de la Administración era el cobro de la deuda contraída por la sociedad y no la condonación de más de la mitad de la deuda, el aplazamiento sin garantías e intereses de la deuda no condonada y la reducción del canon para los próximos 20 años», añadían en su escrito.
Sin embargo, en un primer momento, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles dictó un auto de sobreseimiento, que fue posteriormente revocado, al entender que había quedado «acreditado, pese a lo que dicen los querellantes, que el acuerdo alcanzado era favorable para las arcas públicas».
En este sentido, reiteraba que el acuerdo alcanzado «era el mal menor», ya que «si la mercantil ITV Móstoles S.L. hubiera sido declarada en concurso de acreedores el Ayuntamiento de Móstoles hubiera tenido serias dificultades para hacer valer su derecho de crédito frente a otros créditos privilegiados».
Pese a que en mayo de 2022 el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles acordó el sobreseimiento provisional de esta causa, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó en marzo pasado a este mismo Juzgado que revocara el sobreseimiento inicial del caso y acordara «la transformación de la causa en Procedimiento Abreviado», reabriendo de esta manera el caso.
En el auto, la Audiencia Provincial estimaba el recurso de apelación presentado por los exediles de Más Madrid Gabriel Ortega y Susana Millán al considerar que no se podía descartar la existencia de indicios de un delito de prevaricación administrativa por condonar una deuda a la empresa concesionaria de más de 2 millones de euros.
¿Quién está investigado?
De esta manera, el caso volvió a reabrirse y, desde entonces, la jueza ha rechazado varios recursos «dilatorios» de las defensas, que de momento le ha impedido dictar el auto de transformación de la causa en Procedimiento Abreviado», lo que llevaría a la apertura de juicio oral contra la exalcaldesa y los otros ediles investigados.
Además de Noelia Posse, están investigados el exprimer teniente de alcalde David Muñoz; la exconcejala de Empleo y Nuevas Tecnologías. Rebeca Prieto; el exedil de Seguridad, Convivencia, Cultura y Transición Ecológica, Alejandro Martín; y a la exedil de Presidencia y Desarrollo Urbano, María Luisa Ruiz, todos ellos del PSOE.
Todos ellos continúan hoy en día como concejales del grupo socialista en el Ayuntamiento de Móstoles, con la porpia Posse como portavoz municipal, una vez que abandonaron el Gobierno municipal tras la victoria de PP y Vox en las últimas elecciones municipales.
También están investigadas las exediles de Igualdad, Dolores Triviño y Beatriz Benavides, ambas del PSOE, y la exedil de Educación y Juventud, Natividad Gómez, esta última de Podemos, que ya han abandonado la política.
Todos ellos, junto al exedil de Hacienda y de Recursos Humanos, Aitor Perlines (PSOE), que también fue llamado a declarar por el mismo caso y que sigue una defensa separada de los otros ediles, formaban parte de la Junta de Gobierno local que aprobó la condonación de una deuda a la empresa ITV Móstoles S.L.
Embargados por el Tribunal de Cuentas
Además de la vía penal que se dilucida en el Juzgado de instrucción número 1 de Móstoles, el Tribunal de Cuentas también está investigando el caso después de que el interventor municipal del Ayuntamiento lo denunciara en este órgano.
De hecho, el 25 de julio pasado la exalcaldesa y los otros siete ediles de su anterior equipo de Gobierno tuvieron que comparecer ante el Tribunal de Cuentas por los perjuicios económicos causados al Ayuntamiento en el citado Caso ITV, denunciado por el interventor municipal en este órgano.
Aquel día se les comunicó que había un alcance patrimonial de 555.162 euros de principal, más 111.969 de intereses, que imputaba al impago de los cánones de la concesionaria ITV Móstoles en los años 2015 y 2018, por lo que la jueza instructora requirió que depositaran una fianza o un aval por el mismo importe del embargo hasta que se celebre el juicio contable del Caso ITV.
Meses después de aquella notificación, el proceso judicial contra la exalcaldesa y los ediles investigados sigue su curso y el Tribunal de Cuentas ha decretado recientemente el inicio del juicio contable para dilucidar si se produjo o no el perjuicio a las arcas del Ayuntamiento.
En una providencia fechada el 25 de octubre pasado, a la que ha tenido acceso Noticias para Municipios, el organismo fiscalizador acuerda abrir una pieza separada por este asunto e insta a las partes para que se personen en forma dentro del plazo común de los nueve días siguientes a esta notificación.
Presunción de inocencia
Desde la defensa de los acusados se ha apelado siempre a «la presunción de inocencia», insistiendo siempre en que se trataba de «una querella política». Además, aseguran que con estos recursos no están intentando «dilatar nada», sino «ejerciendo su derecho a la legítima defensa con todo lo que sea necesario, igual que lo hacen todos los que recurren».
«Lo único que hicimos fue intentar salvar el sustento de 40 familias y ayudarles como también lo hicimos con muchas otras familias durante los momentos más duros de la pandemia», han añadido sobre el fondo del caso.
En este sentido, reiteran que, «en medio de la pandemia», esta empresa de Móstoles, que «además es una concesión del PP», les informó de que «si no se revisan las condiciones de su concesión tendrá que cerrar y despedir a 40 personas».
«De la misma forma que se eliminaron los cánones de las terrazas o la Comunidad de Madrid eliminó los de las Plaza de Toros de Las Ventas, nosotros pedimos informes al órgano responsable y este realizó unos informes favorables que además se añadieron a otros que informaban de la legalidad del asunto», han reiterado.
Además, recuerdan que el asunto «fue juzgado y sobreseído» y que «ahora la Audiencia en su auto no prejuzga la resolución tomada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles», sino que «el auto lo que ordena es la continuación del procedimiento por vía ordinaria» sobre «esta querella política».
Lo hace «a efecto de que las partes puedan exponer en detalle sus argumentos y que finalmente recaiga una decisión judicial sobre si puede haber unos posibles indicios de prevaricación dando ya por cerrado la acusación de malversación», añaden, reiterando que «la presunción de inocencia de toda la Junta de Gobierno sigue vigente».