El empresario, investigado en el Caso Lezo, pide sacar al Consistorio de la causa ya que no desembolsó los 50 millones comprometidos
MÓSTOLES/ 4 DICIEMBRE 2020/ El empresario Javier López Madrid ha requerido al juez del caso Lezo que retire la condición de acusación particular al Ayuntamiento de Móstoles en la causa separada que investiga la adjudicación del tren a Navalcarnero.
Según ha avanzado Vozpópuli, la defensa de López Madrid ha hecho esta solicitud al juez tras recordar que en una sentencia se ha mostrado que el Ayuntamiento mostoleño no desembolsó los 50 millones para las obras del tren que debía unir Móstoles y Navalcarnero, por lo que no sería parte perjudicada en la causa.
El juez de la Audiencia Nacional está investigando el supuesto pago de una comisión ilegal de 1,4 millones de euros al entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la adjudicación, en el año 2007, del contrato para la construcción y posterior concesión de la Línea de Ferrocarril que uniría Móstoles y Navalcarnero.
Después de que la Comunidad de Madrid adjudicara la obra, firmó con el Ayuntamiento de Móstoles un convenio en el que se comprometía a aportar 50 millones de euros al proyecto, que fue adjudicado a OHL en octubre de 2007 por 400 millones de euros.
Paralización en 2010
Sin embargo, tres años después, el proyecto se paralizó, la empresa a cargo de la edificación, Cemonasa, filial de OHL, anunció su quiebra y la obra quedó abandonada, por lo que tanto la Comunidad como Cemonasa demandaron la otra parte indemizaciones por la resolución del contrato.
En diciembre de 2017, el Ayuntamiento de Móstoles se personó como acusación particular en el caso Lezo, al destaparse las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de la obra del tren, sosteniendo que había sido parte perjudicada al haber firmado ese compromiso de aportar 50 millones de euros.
El juez admitió entonces la personación del Ayuntamiento como acusación particular, aunque ahora López Madrid llama la atención del magistrado advirtiendo que, en realidad, Móstoles nunca llegó a poner sobre la mesa esos 50 millones de euros, lo que atenta contra la buena fe procesal, por lo que reclama que el Consistorio sea expulsado del procedimiento.