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La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE), ha lamentado que el nuevo revés judicial en el proyecto fallido del tren a Navalcarnero, que obliga a la Comunidad de Madrid a devolver 34 millones de euros a OHL, «aleje aún más la posibilidad de finalización del proyecto».

Así ha reaccionado la regidora socialista después de que el Gobierno regional haya recibido una nueva sentencia en su contra que le obliga a devolver 34 millones de euros a la constructora por la ejecución de unos avales y penalidades impuestas en febrero de 2016 por «incumplimiento de la obligación de ejecutar la totalidad de las obras».

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«Una vez más, serán los madrileños los que paguen la desidia y la mala gestión del PP por uno de sus megaproyectos investigado por presunta corrupción«, ha insistido Posse, quien ha recordado que «el expresidente Ignacio González está imputado por haberse embolsado presuntamente 2,5 millones de euros con esta adjudicación».

Además del perjuicio económico para los ciudadanos, que «tendrán que pagar la factura sin ni siquiera haberse finalizado la infraestructura», el Gobierno municipal, formado por PSOE y Podemos, teme que esta nueva penalización judicial «aleje aún más la posibilidad de finalización del proyecto».

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Situación de las obras abandonadas del tren a Navalcarnero/ Ayto. Móstoles

Paralizado en 2010

Los hechos se remontan al año 2015, cuando, tras más de 140 millones de euros invertidos y cinco años paralizado, la empresa concesionaria, Cemonasa, filial de OHL, presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad de Madrid solicitando la resolución del contrato.

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Tras esta reclamación, y con un informe del Consejo Consultivo a favor, en febrero de 2016 la Comunidad inició un expediente de penalidades -con una multa de 34 millones de euros- y le dio a la concesionaria un plazo de 16 meses para la ejecución de la totalidad del contrato, plazo que terminó sin que se reiniciaran las obras.

Pese a que el Ejecutivo ejecutó el expediente, la justicia ha fallado en favor de Cemonasa, por lo que tendrán que devolver, por el momento, los 34 millones de euros que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes le cobró a la concesionaria entre la ejecución de sus avales y penalizaciones por no terminar el recorrido.

La alcaldesa, que lleva años pidiendo que «se reanude esta obra en beneficio de las mostoleñas y mostoleños y denunciando las carencias de la red de transporte público en la ciudad», ha reprochado de nuevo a la presidenta regional que «siga ignorando al segundo municipio más importante de la Comunidad de Madrid».

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