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El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunida de Madrid, David Pérez (PP), ha insistido que «quién tiene que hacer el tren de Cercanías a Navalcarnero es el gobierno de la nación«, que es «quién tiene las competencias», por lo que le ha pasado la pelota al Gobierno central de esta obra que está paralizada desde el año 2010 tras la quiebra de la empresa concesionaria Cemonasa, filial de OHL.

En una entrevista en Noticias para Municipios, el consejero madrileño de Transportes ha explicado que la Comunidad de Madrid se ofreció a hacer este trazado en su día, pero que «no llegó al objetivo que se buscaba y esa vía se ha descartado, por lo que volvemos a reclamar al gobierno central que es quién tiene la competencia».

La ampliación de la red de Cercanías desde Móstoles a Navalcarnero fue un compromiso electoral bajo el mandato de la expresidenta regional Esperanza Aguirre. A partir de este compromiso, y después de la negativa del ministerio de Fomento de asumir esta obra, fue la Comunidad de Madrid la que se embarcó en este proyecto y la licitó a la constructora OHL en 2010.

Este trazado, que en teoría tendría 15 km, 7 estaciones y estaría abierto a finales de 2015, se paralizó en 2010 y, una década después de que se anunciase esta obra, los vecinos y vecinas de Navalcarnero y Móstoles siguen sin tener esta conexión.

Un cartel de las obras del tren de Móstoles a Navalcarnero

Caso judicializado

Desde Más Madrid ya instaron hace unos meses a que la Comunidad de Madrid diera una solución “urgente” a este asunto. Además, esta obra se encuentra implicada dentro de la trama Lezo, por el presunto cobro de una comisión de 1,4 millones de euros por parte del expresidente Ignacio González por la adjudicación de las obras del tren.

Precisamente por este último motivo, desde la Comunidad de Madrid han insistido en los últimos meses en que es un tema que «sigue judicializado» y que hasta que no se resuelva no se puede reiniciar el proyecto.

De hecho, recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Madrids (TSJM) ha obligado al Gobierno regional a devolver los 34 millones de euros que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes cobró a la concesionaria entre ejecución de sus avales y penalizaciones por no terminar el recorrido.Publicidad

Además, el Tribunal Supremo también rechazó el mes pasado el último recurso de casación presentado por la Comunidad de Madrid contra la sentencia del TSJM que declaraba nula la resolución de contrato efectuada por el Gobierno regional ante la paralización de las obras del tren.

Aún así, en los últimos años formaciones como Más Madrid han intentado en el Senado que se apruebe una enmienda para dar una partida a la obra en los Presupuestos Generales del Estado, después de que el Gobierno rechazara la propuesta en el Congreso de los Diputados.

También la diputada autonómica María Acín, de Más Madrid, ha pedido recientemetne a la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid conocer si existe coordinación entre administraciones para poner una solución.

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