La Guardia Civil ha detenido a tres personas en los municipios de Madrid, Valdemoro y Valladolid por presuntamente haber llevado a cabo una macro-estafa cometida a través de una web fraudulenta que ofrecía la realización de trámites oficiales.
El Instituto Armado estima que hay un total de 150.000 afectados en una estafa que podría alcanzar un total de ocho millones de euros. A los detenidos se les acusa de los delitos de estafa, intrusismo, usurpación de funciones públicas, blanqueo, apropiación indebida y pertenencia a organización criminal.
Los presuntos delincuentes ofrecían en la web trámites como la expedición de certificados de empadronamiento, de delitos penales, de vida laboral o de la tarjeta sanitaria europea, entre otros. Por estas labores solicitaban pagos a las víctimas de la estafa que oscilaban entre los 19 y los 89 euros, dependiendo de la gestión.
Similitud a los portales oficiales
La página web mostraba similitud con otros portales oficiales de la administración. Con esta apariencia de entidad pública engañaban a las víctimas y les cobraban gestiones que, en realidad, son completamente gratuitas.
La actividad delictiva, cuyo inicio tuvo lugar en Baeza (Jaén), comenzó durante el confinamiento del año 2020, aprovechando que la situación de aislamiento provocó que los trámites online aumentasen de forma exponencial.
Tal y como han informado los agentes, ya se ha procedido a la intervención y bloqueo de un millón de euros en cuentas bancarias vinculadas a la organización, 111 bienes inmuebles y hasta 13 vehículos adquiridos con dinero recaudado de esta práctica fraudulenta.
Sociedades ‘pantalla’
Los acusados utilizaban hasta 35 empresas y sociedades a modo pantalla para el blanqueo de los beneficios obtenidos, realizando transacciones bancarias entre ellas para dar una apariencia de actividad legal.
La Guardia Civil ya ha localizado más de 400 cuentas bancarias en 18 entidades distintas a través de las cuales se habrían evadido 1,5 millones de euros en dirección a Estados Unidos. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Jaén, con el apoyo del grupo de delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO).
