La Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE) y la delegación de Servicios Sociales deberán ofrecer una «solución habitacional» antes de iniciar un procedimiento de desahucio a todas aquellas familias que, a partir de ahora, deban enfrentarse a un desalojo forzoso de los pisos públicos.
Así lo han acordado los Grupos políticos este jueves durante una moción de Unidas Podemos que ha prosperado a raíz de los últimos desahucios de familias en viviendas de la Empresa Pública, uno de ellos en caso de extrema vulnerabilidad con cinco hijos de la familia desalojada, tres de ellos menores de edad.
Además, la empresa deberá comunicar a los consejeros -miembros de los diferentes partidos políticos- si hay alguna familia que, ocupando pisos públicos, se encuentra en situación de no poder afrontar las cuotas de los alquileres.
Además, según la moción que ha sido aprobado, EMSULE deberá adquirir hasta diez viviendas al año en el mercado de segunda mano para utilizarlas a alquileres de emergencia social.
Además, los partidos políticos se ha comprometido a aplazar hasta octubre de este año cualquier desahucio previsto, como así recomienda el Gobierno central en una medida para afrontar la crisis generada por la pandemia del coronavirus.
Seguimiento de las familias
Desde el Gobierno local se ha apoyado la propuesta y se ha recordado que Servicios Sociales hace un seguimiento exhaustivo de todas las familias derivadas a viviendas de EMSULE, así como la cantidad que abonan en concepto de alquiler. Además, durante la sesión plenaria, ha recordado que las competencias en materia de vivienda corresponden a la Comunidad de Madrid.
Con estas medidas, el Ayuntamiento prevé evitar nuevos desahucios de familias en situación de vulnerabilidad, ya que esto -a juicio de la edil de UP Gema Gil- «supone una vulneración de los derechos humanos».
Mientras, desde Grupos como Leganemos se ha planteado la posibilidad de que se entablen contactos con la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid -el antiguo IVIMA- para estudiar la opción de que el Ayuntamiento pueda gestionar una parte de las viviendas que posee en varias promociones de la localidad leganense.
Mientras, desde Unión por Leganés (ULEG) se ha cuestionado la falta de información que reciben los consejeros de los grupos de la oposición y la «falta de transparencia», y han advertido de que, de continuar así, estudiarán la interposición de una denuncia en la Fiscalía de Getafe-Leganés, como ha ocurrido con los gastos de material sanitario a través de la Fundación Juan Muñoz.
