Una mujer y sus cinco hijos, tres de ellos menores y en situación de extrema vulnerabilidad, han sido desahuciados de una vivienda de la Empresa Municipal del Suelo (EMSULE), desalojo que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha definido de «injusticia social».

En la mañana de este miércoles se ha llevado a cabo el desahucio de una familia en situación de «vulnerabilidad», en un proceso en el que, según la Plataforma, «no ha dispuesto de abogado ni durante el proceso judicial, ni frente al EMSULE ni durante el desahucio«.

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Esta situación, argumenta la PAH, les ha dejado «en una situación de desprotección judicial que se suma a su ya de por sí precaria situación social». Además, ha recordado que tampoco estuvo durante el desahucio ningún representante de los Servicios Sociales, «aunque había 5 menores en claro riesgo social».

La entidad ha exigido «la recuperación de la vivienda para la familia desahuciada, adaptándose EMSULE -esgrimen- a la situación social y económica de la familia». El desahucio estaba programado para diciembre, pero fue aplazado. Ahora, la vivienda será adjudicada a otra familia inscrita en las listas habilitadas para quienes necesitan estos pisos.

Decreto para aplazar desahucios

La Plataforma ha cuestionado que se ejecute este desalojo mientras desde «el Gobierno estatal se promueven ‘medidas anti-desahucios’ por la pandemia y sus consecuencias sobre las familias trabajadoras, como el conocido Real Decreto que prorrogaba los desahucios de familias vulnerables hasta septiembre.

La zona de Solagua-Poza del Agua, donde irán viviendas del Plan Municipal.

«Nos resulta bastante hipócrita que mientras desde el Gobierno estatal se promueven ‘medidas anti-desahucios’ en los Ayuntamientos donde gobiernan esos mismos partidos políticos se ejecuten desahucios de familias con menores y vulnerables de viviendas públicas, sin alternativa ninguna», ha señalado.

La PAH ha expresado su «total repulsa a esta nueva injusticia social», y ha confirmado que «siempre» estará «en contra de la especulación con la vivienda y más aún si se mercadea con vivienda pública municipal».

La Plataforma planteó el año pasado que las 668 viviendas públicas que prevé edificar el Ayuntamiento en tres barrios a través de la Empresa del Suelo deberían destinarse a “luchar contra la lacra de los desahucios”, al tiempo que ha cuestionado que no se destinen a alquileres sociales.

Mientras, el pasado febrero se aplazó el desahucio de Evelyn, una inquilina que iba a ser desahuciadas de un piso público en Leganés, para «negociar un acuerdo de pago acorde a las condiciones económicas y sociales de la familia».

La PAH había informado de que esta familia se enfrentaba al desalojo de las viviendas públicas debido a varios impagos en la cuota del alquiler por una situación de desempleo a raíz de la pandemia, para lo que se había fijado fecha de juicio para el 17 de marzo y el desahucio para el 6 de junio.

David G. Castillejo

Corresponsal de Noticias para Municipios, Europa Press en la zona Sur de Madrid

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