Los expedientes contaban con informes desfavorables de Intervención
LEGANÉS / 22 ENERO 2020 / El portavoz del PP de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha interpuesto en el juzgado de guardia de Leganés una denuncia contra el alcalde, Santiago Llorente (PSOE), por prevaricación al aprobarse en el Pleno del pasado día 30 de diciembre dos reconocimientos extrajudiciales de crédito (pago de facturas) con los informes desfavorables de Intervención.
El ‘popular’ ha centrado su denuncia en los informes del habilitado nacional, que alegan que se realizaron mediante “contratación verbal, expresamente prohibida por la ley de contratos del sector público”, así como que “no queda acreditado que el servicio del que se deriva esa factura fuese prestado”.
En el Pleno donde se aprobó el pago de las facturas el PP solicitó que el asunto se quedase sobre la mesa hasta que el expediente estuviese bien montado y no contara con informes desfavorables, al tiempo que advirtió con acudir a la vía judicial si ambos pagos prosperaban.

“Llorente -ha declarado el ‘popular’- ha tenido tiempo de rectificar, no lo ha hecho, y nos obliga a acudir a la justicia”. Tras ello, ha manifestado que “si la Intervención y la oposición ha avisado al alcalde de la posibilidad de que esté prevaricando y él ha hecho oídos sordos, ¿de qué estaríamos hablando?”.
“Tranquilidad” en el Ejecutivo
Tras tener conocimiento de la denuncia, fuentes municipales han precisado que, por el momento, no han recibido comunicación del juzgado y, en todo caso, el alcalde ha expresado que hay “tranquilidad” en el Ejecutivo municipal (PSOE y Más Madrid-Leganemos) por este asunto, que corresponde a unas horas de formación a los bomberos del municipio.
En esta línea, han precisado que la iniciativa del PP es un modo de “hacer ruido” sobre un asunto menor del que, en última instancia, la responsabilidad no recaería sobre el regidor.
En este sentido, han recordado que el informe desfavorable no significa que haya ilegalidad alguna (para eso está la figura del reparo suspensivo) y que simplemente denota una “diferencia de criterio entre los técnicos municipales y la Intervención”.
