El juzgado decreta el sobreseimiento tras investigar si el edil ofreció una presunta gratificación en el proceso de trasvase a la Comunidad
LEGANÉS / 28 ENERO 2021 / El juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 4 de Leganés ha decretado el “sobreseimiento libre y archivos de las actuaciones” abiertas a raíz de una denuncia de dos bomberos del municipio contra el concejal de Seguridad Ciudadana, Óscar Oliveira, por un delito de “coacciones”.
Según el auto fechado el pasado 25 de noviembre pero que se ha conocido este jueves, el juzgado ha determinado -tras abrir diligencias previas- que los hechos denunciados “no son constitutivos de infracción criminal”, por lo que “procede acordar el archivo de las mismas”.
La denuncia fue interpuesta por dos bomberos de la localidad, C.R.D. y V.M.L.R., en el proceso de trasvase del cuerpo a la Comunidad de Madrid, que se hizo efectivo el pasado octubre.
Durante ese proceso, según la denuncia, el edil habría ofrecido presuntamente a los profesionales del cuerpo de extinción de incendios durante una reunión en 2017 -cuando era Director de Seguridad- unas “gratificaciones” de 7.000 euros para los 78 trabajadores con cargo presuntamente a una subvención finalista si, finalmente, se decantaban o mostraban favorables al trasvase del servicio a la Administración regional.
Los denunciantes consideraron que esta propuesta podía constituir un delito de coacciones, hecho que ha desestimado el juzgado finalmente. Contra esa decisión cabía recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de tres días o de apelación directo en los cinco días siguientes a la última notificación. Sin embargo, fuentes próximas al edil han precisado que el plazo finalizó sin que se interpusiera recurso alguno.
Posible querella por falsa denuncia
Las mismas fuentes han precisado, por otro lado, que el edil estaría valorando la posibilidad de interponer una querella criminal contra ambos denunciantes por “difamación, calumnias y denuncia falsa”.
Por otro lado, el pasado septiembre, el Pleno aprobó por unanimidad constituir una comisión de investigación para indagar en la veracidad de la denuncia. Durante la sesión, el alcalde, Santiago Llorente (PSOE), dijo que en el Gobierno había “tranquilidad absoluta” y manifestó la “imposibilidad” de que se hubiese alguna “trama” en un trasvase supervisado por dos Administraciones públicas.
Las mismas fuentes han dudado del “sentido” de esta comisión una vez que ha habido resolución judicial tras la investigación de los hechos.
