La Comunidad de Madrid ha iniciado una nueva campaña de medición del aire en el entorno de la fundición Corrugados de Getafe para determinar si suponen un riesgo las emisiones y humos que suelta la factoría durante su proceso de producción, y que mantienen en vilo a los vecinos de Camino Viejo de Pinto y del barrio de Los Molinos.
La consejera de Medio Ambiente de la Administración regional, Paloma Martín, ha asegurado -en respuesta a una pregunta de la diputada de Más Madrid Alodia Pérez– que esta campaña arrancó el pasado viernes y que estará «operativa durante todo el mes de noviembre», con una estación medidora en las inmediaciones de la fundición.
En la sesión plenaria, la consejera ha precisado que la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo 16 inspecciones desde 2019, la última de ellas el pasado 13 de octubre. Estas inspecciones han generado «cuatro expedientes sancionadores», de los que Martín no ha precisado los motivos exactos.
En todo caso, ha manifestado que en octubre de 2021 se instaló también esta unidad móvil para medir la calidad del aire «sin detectarse incidencias».
Los vecinos de ambos distritos de Getafe han avisado recientemente de la aparición de partículas metálicas en el patio del colegio ‘Miguel de Cervantes’, que atribuyeron a la actividad de la fundición, ubicada a unos 300 metros del centro educativo. La Dirección de la empresa desmintió que sus emisiones supusiesen un riesgo cancerígeno para las personas, y afirmó que en su proceso no usan plomo ni ninguna otra sustancia peligrosa.
Los trabajadores desmienten irregularidades
Mientras, los trabajadores de la factoría se han desvinculado de cualquier responsabilidad en cuanto a los índices de contaminación en el municipio, y han desmentido que la actividad de Corrugados sea un «perjuicio para la salud de los vecinos». «¿Nosotros somos inmunes estando en primera línea?», preguntan.
Tras recordar que la empresa lleva 75 años de actividad, han planteado dudas sobre el hecho de que la Consejería de Medio Ambiente emitiese la Autorización Ambiental Integrada (AAI) si estuvieran cometiendo realmente cualquier «ilegalidad».
Por último, recuerdan que no son «culpables» del desarrollo urbanístico que ha propiciado «la situación actual», con viviendas próximas. «Lo más cercano a la fábrica, cuentan nuestros antepasados, era la Iglesia a 5 kilómetros de la fábrica», sentencian.
Concentración de los vecinos
El pasado mes, los vecinos se concentraron ante la Consejería de Medio Ambiente para pedir soluciones, una movilización que se produjo con un contexto de fondo en el que Corrugados debe renovar su Autorización Ambiental Integrada (AAI) que, según los vecinos, incumple sistemáticamente.
«No vamos a permitir que se renueve la licencia de Corrugados en estas condiciones», han señalado los afectados, tras alertar de que la factoría incumple la AAI en materia de contaminación acústica y medioambiental. Ante ello, exigirán el «endurecimiento de los requisitos para otorgar de nuevo la licencia» al entender que «la fundición no puede seguir trabajando cómo ha hecho hasta ahora, al margen de la ley con el amparo del gobierno regional».
Según los afectados, dos informes técnicos independientes «confirman que la actividad de Corrugados es ilegal». «Hay una sentencia de 2017 exigiendo cambios a la fundición, y hay decenas de fotos y vídeos que demuestran que la acería está incumpliendo cada día en emisiones tóxicas y ruido -explican-. Pues pese a todo, pese al escándalo que esto supone, nada frena a la Comunidad de Madrid en su intención de renovar la Autorización Ambiental Integrada, la licencia para que la fundición siga funcionando».
Los vecinos han considerado «inasumible» que la consejería «lleve meses negándonos las mediciones técnicas que hacen en la fábrica» y que no conteste a «ninguno de los correos» que les han enviado con «las pruebas que evidencian los incumplimientos diarios que estamos soportando».
