La semana pasada arrancaba el proceso de inscripción para dos de las promociones que el Plan Vive de la Comunidad de Madrid desarrolla en el Ensanche Sur de Alcorcón. Pero el inicio no fue el esperado por los vecinos interesados en estas viviendas. La página web estuvo «prácticamente inaccesible» para realizar la solicitud y además hubo «graves fallos de seguridad».
Desde el Ayuntamiento alcorconero ya denunciaron ese mismo día que algunos ciudadanos que lograron acceder a la web habían denunciado que el resguardo de la solicitud que devuelve se corresponde con datos personales de otros usuarios, lo que «supone una violación grave de los datos personales».
Ante este caos y descontrol, el teniente de alcalde y portavoz de Ganar Alcorcón, Jesús Santos, ha levantado la voz y ha llamado a reflexionar sobre lo ocurrido en el proceso de inscripción de las 274 viviendas para el alquiler del Plan Vive.
Lo hizo durante el último Pleno municipal, donde definió lo ocurrido en el mentado proceso de inscripción como una «auténtica estampida» que revela un problema mucho más profundo: la gravedad de la crisis de la vivienda, concretado en un incumplimiento sistemático del Derecho Constitucional a la Vivienda.
«Esto no va de oferta y demanda. Estamos sufriendo una guerra de la especulación contra el derecho constitucional a la vivienda que, en nuestro país, nuestros vecinos la están perdiendo», ha insistido Santos, quien se ha fijado como objetivo en la localidad desalojar a la especulación para que las viviendas lleguen a precios razonables
De esta manera, el teniente de alcalde señaló que «el monstruo de la especulación inmobiliaria dispara el precio de la compraventa, provoca alquileres imposibles de pagar, se come la vivienda pública para luego revenderla y coloniza barrios enteros a golpe de alquileres turísticos».
Repensar soluciones
Un diagnóstico que obliga a repensar las soluciones pues «no basta con ampliar la oferta a golpe de ladrillo» pues querer bajar los precios limitándose a construir más es, según los municipalistas «como correr en una rueda de hámster», pues el entramado especulativo devora rápidamente cualquier nueva construcción y lo inserta en un sistema de precios incompatible con el ejercicio efectivo del derecho constitucional a la vivienda.
Esta situación, destacan los municipalistas, obliga a tratar el problema de la vivienda como un verdadero asunto de Estado que «implique a todas las administraciones» para combinar una amplia batería de medidas para «desalojar a la especulación del sector para que las viviendas lleguen a la gente a unos precios razonables.»
Para lograrlo reclaman un acuerdo institucional valiente, con una batería de medidas a todos los niveles que incluya «la regulación de precios, la oferta de alquileres con precios protegidos, la puesta en alquiler de viviendas vacías y el castigo a quien las acapara», esto último en referencia a las grandes transnacionales que acaparan decenas de inmuebles vacíos.