La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), ha asegurado contar con el apoyo del secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, a quien dice haber dado «todas las explicaciones» sobre la sentencia que la condena a cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos por la quiebra de la empresa pública Emgiasa.
Así lo ha trasladado en una rueda de prensa donde ha insistido en que no se plantea su dimisión, ya que, además de que va a recurrir la sentencia, al no ser firme, su inhabilitación se refiere «al ámbito de gestión de las empresas privadas, no para cargo publico», por lo que «no afecta al cargo de alcaldesa».
«Me siento arropada por mi partido. Han sido numerosísimas las personas que me han mostrado su apoyo. Por supuesto que he hablado con mi secretario general y le he dado todas las explicaciones y estoy convencida de que él está muy tranquilo», ha insistido la regidora socialista.
De Andrés también dice contar con el apoyo de sus socios de Gobierno, Unidas Podemos Ganar Alcorcón, quienes «son conocedores de primera mano de todo lo que ocurrió, del proyecto que teníamos en Emgiasa y han mostrado su total apoyo y solidaridad sobre esta sentencia que a todas luces nos parece injusta», ha recalcado.
Peticiones de dimisión
«Reiterarme en que esta sentencia no implica mi dimisión como alcaldesa en ningún caso, afecta únicamente al ámbito mercantil«, ha subrayado, después de que formaciones como el PP o Vox hayan reclamado su dimisión inmediata tras conocerse esta sentencia que, también afecta al exalcalde socialista Enrique Cascallana.
La secretaria general del PP de Madrid, Ana Camíns, ha pedido explicaciones «urgentes» al secretario general del PSOE y portavoz socialista en la Asamblea, Juan Lobato, ya que «no puede seguir guardando silencio ante una sentencia de este calibre, a la que se suman a los escándalos en varios municipios del sur de Madrid».
En concreto, Los hechos se remontan a la etapa de Cascallana al frente del Ayuntamiento de Alcorcón, durante la cual la actual alcaldesa, como edil de Urbanismo, formaba parte del consejo de administración de Emgiasa, la empresa pública de vivienda que actualmente está en concurso de acreedores.
La Fiscalía entendía que la situación de quiebra que alcanzó la empresa pública posteriormente fue consecuencia directa de una gestión «culposa» en las actuaciones referidas a la construcción de las distintas fases del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA) y a las relaciones comerciales con Gesmansur respecto a la ejecución del Plan Municipal de Vivienda de Alcorcón.