El estudio ‘Violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en el ámbito digital 2025′, elaborado por la Asociación de Mujeres Juristas ‘Themis’ y coordinado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, traza un mapa preocupante de cómo la tecnología reproduce y amplifica las violencias machistas.
Las mujeres y menores son las principales víctimas de un fenómeno que se manifiesta en múltiples formas: desde el acoso sexual, pasando por el control a través de diferentes dispositivos, hasta la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.
Según el informe, la violencia digital “no es un fenómeno nuevo, sino una prolongación de la violencia estructural que ya existe fuera de Internet”. Esta se ve facilitada, además, por la impunidad del agresor, la invisibilidad de los ataques y la falta de respuesta normativa eficaz.
La realidad de la violencia digital
En su primer bloque, el estudio analiza la conceptualización y manifestaciones de la violencia digital. No existe una definición única, pero se reconocen diferentes formas. Por ejemplo, el doxxing -revelar intencional y públicamente información personal sobre un individuo u organización, generalmente a través de internet-; la suplantación de identidad; la vigilancia mediante geolocalización o el acoso en redes.
También alerta sobre la violencia facilitada por el Internet de las Cosas (IoT), con ejemplos como el control de dispositivos domésticos para amenazar o acosar.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidad, (ONU) en los que se apoya el estudio, la organización estima que el 73 % de las mujeres a nivel mundial ha sufrido algún tipo de violencia en Internet. Incluso, que el 90 % de las víctimas de difusión de imágenes sexuales sin consentimiento son mujeres.
Infancia, adolescencia y riesgo digital
El segundo eje del estudio se centra en los menores, altamente expuestos al ciberacoso, el grooming y la pornografía infantil. Dice el estudio que el 84,8% de las víctimas de ciberdelitos sexuales son menores. De estos, casi la mitad tiene menos de 13 años. En cuanto a los agresores, el 96% son hombres, y la mayoría son nacionales españoles.
Además, el 75% de las niñas y adolescentes afirma haber sido acosadas por personas conocidas. Como consecuencia, el 72% sufrió baja autoestima, ansiedad, pérdida de confianza o estrés emocional tras el acoso online.
Sobre el acceso de menores a contenidos pornográficos el estudio es crítico. Denuncia la insuficiencia de controles efectivos y destaca la necesidad urgente de avanzar en medidas de verificación de edad, etiquetado de contenidos y educación digital responsable.
El marco normativo y judicial
En el plano jurídico, el informe subraya carencias en la tipificación penal de algunos comportamientos en línea. La transnacionalidad de Internet dificulta la persecución del delito, y el valor de la prueba digital no siempre está garantizado.
Por esta razón, las responsables del estudio piden en él una revisión del marco legal para incorporar figuras como el acoso digital o la denominada ‘sextorsión’. También se aboga por crear juzgados especializados, mejorar las medidas cautelares (como la retirada de contenidos) y garantizar el acompañamiento integral a las víctimas, incluyendo apoyo psicológico desde el inicio del proceso.
Políticas de prevención y educación
El estudio pone el foco también y de forma prioritaria en la necesidad de campañas eficaces de concienciación y formación. Aunque se valora positivamente el papel del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y de organismos como la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) —con su Canal Prioritario para denunciar contenidos sensibles—, estas acciones no son suficientes si no se integran en políticas educativas estructuradas.
De ahí que el informe proponga el desarrollo de campañas dirigidas a víctimas, agresores y terceros implicados, adaptadas a los cambios tecnológicos. También recomienda fomentar una educación emocional y en empatía desde la infancia.
Propuestas para un entorno digital seguro
Las recomendaciones finales del informe plantean medidas estructurales: definir legalmente la violencia digital, establecer protocolos específicos, formar a profesionales de todos los ámbitos —judicial, educativo, social, policial— y promover la coordinación institucional efectiva.
La clave está en garantizar un entorno digital seguro, libre de violencia y respetuoso con los derechos de mujeres y menores. Como advierte el estudio: “La violencia de género ha traspasado el espacio físico. El ciberespacio se ha convertido en un nuevo escenario de dominación, y aún no contamos con todas las herramientas necesarias para proteger a quienes lo habitan”.