Ya es conocido como el ‘Pelicot catalán’, porque organizó agresiones sexuales en grupo a niñas y adolescentes, en ocasiones con prácticas sadomasoquistas y grabadas con cámaras ocultas.
El principal acusado de crear una compleja red de pederastia que operaba desde Barcelona, violó y ofreció a menores a otros hombres, como mínimo, a lo largo de 2020. El caso ha puesto en evidencia, un vez más, las graves deficiencias en los sistemas de protección infantil, también entre los menores tutelados por la Administración.
Teófilo L. M. es un electricista de 45 años que enfrenta a 107 años de cárcel por delitos que incluyen agresión sexual, prostitución de menores y producción y distribución de pornografía infantil. Además, se le considera el cabecilla de una red de explotación sexual infantil, desarticulada por los Mossos d’Esquadra.
De momento, hay 16 detenidos y se estima que hay más de 25 víctimas, algunas de tan solo 12 años. Las autoridades han identificado a 11 de ellas y continúan investigando para localizar a otras 14 menores que aparecen en el material incautado.
Según las investigaciones, el pederasta captaba a menores a través de redes sociales y aplicaciones de citas, estableciendo vínculos de confianza mediante técnicas de grooming (acoso y abuso sexual online). Una vez ganada su confianza, las coaccionaba para mantener relaciones sexuales, y algunas eran grabadas y distribuidas en internet.
Una de las víctimas, una menor tutelada por la Generalitat
Uno de los aspectos más alarmantes del caso es que una de las víctimas era una niña de 12 años tutelada por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat de Cataluña. A la menor, víctima de bullying en el colegio, la captó y explotó sexualmente mientras residía en un centro de menores. Solo en un año, entre mayo de 2020 y octubre de 2021, el acusado recopiló 44 fotografías sexuales de la cría, según la Fiscalía.
Este hecho ha generado una ola de indignación y ha llevado a la Generalitat a personarse como acusación popular en el caso. La consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez, ha reconocido la necesidad de una «transformación profunda» en la DGAIA y ha solicitado comparecer ante el Parlament para explicar las medidas que se adoptarán.
Además, la institución ha acordado la creación de una comisión de investigación para analizar las actuaciones de la DGAIA. En ella propondrá mejoras en el sistema de protección a la infancia. Igualmente, abordará aspectos como la gestión de los centros de menores, los mecanismos de control y la garantía de los derechos de los menores tutelados.
Educar a los educadores
Pregunta por este medio, la presidenta de la asociación ‘Saca tu voz’ contra el abuso infantil, Icíar Jiménez Barandalla, se ha preguntado «¿cuántos casos más de explotación y abuso sexual de menores tutelados necesitamos para cuestionar los fallos de los mecanismos de protección en estos centros residenciales?»
Jiménez pone el acento en el carácter protector de estas instituciones que, «en demasiadas ocasiones, dejan desprotegidos a los más vulnerables». Por ello, insta de forma «urgente a evaluar los riesgos inherentes a estos entornos y formar rigurosamente a los profesionales que trabajan en ellos».
Por su parte, Núria Iturbe, psicóloga y portavoz de la asociación ‘PrevenSí’, ha destacado la necesidad de implementar recursos específicos para personas con inclinaciones pedófilas con el fin de evitar que actúen. En declaraciones a la cadena Ser, ha subrayado la importancia de apoyar a las víctimas para que puedan recuperarse y llevar una vida plena.
Entornos digitales y agresores cercanos
Este caso también ha puesto de manifiesto, una vez más, los riesgos que enfrentan los menores en el entorno digital. Según un estudio de la Universidad de La Rioja, un 23% de los adolescentes de entre 12 y 15 años en España ha sufrido acoso sexual a través de internet. Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea se han convertido en las herramientas utilizadas por los agresores para captar a sus víctimas.
Organizaciones como Save the Children han abogado por la implementación de medidas como la creación de juzgados especializados en atención a la infancia víctima de violencia. También pide la adopción del modelo Barnahus, que ofrece una atención integral y coordinada a los menores víctimas de abuso sexual.
Además, un análisis de 389 sentencias judiciales realizado por entidad revela que el 96% de los abusadores no tenía antecedentes penales relacionados con violencia sexual. Una cuestión que dificulta su detección previa. Además, el perfil de los agresores no despierta sorpresas ya que en el 80% de los casos es una persona del entorno familiar o conocida de la víctima.
Sobre ellas, los datos dicen que suelen ser niñas en su mayoría, que comienzan a sufrir abusos a los 11 años,. Solo el 15% de los casos llegan a denunciarse.