Francisca (o Paqui) Granados es directora y asesora jurídica del Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena (Granada). Es el lugar en el que lleva desarrollando su carrera desde hace 33 años. Es el mismo servicio por el que han pasado miles de mujeres a lo largo de estas más de tres décadas en busca de ayuda, apoyo y asesoramiento. Una de aquellas mujeres, sin embargo, le cambió la vida a Paqui. Se llama Juana, se apellida Rivas y buscaba protección y justicia para ella y para sus hijos.
Desde entonces, hace 10 años, la imagen de Paqui y su nombre -a veces, incluso, sin coincidir una con el otro- ocupa titulares y espacio en los periódicos. En ocasiones, son negativos y pretenciosos, engranando la campaña de desprestigio que ambas, asesora y asesorada, están sufriendo por determinados sectores.
A pesar de ello, Paqui, siempre locuaz, siempre firme y curtida ya en mil batallas, pone el foco de su ‘hacer’ en el terreno jurídico que es el que domina. Es ahí, desde este ámbito, desde el que trabaja a favor de la igualdad, y presiona para que, de una vez por todas, se de una capacitación técnica obligatoria sobre violencia de género a jueces y juezas. Una necesidad básica para impedir que casos como el de Juana se vuelvan a repetir.
Paqui habló de ello para ELLAS aprovechando sus asistencia a una jornada en la que se trató la violencia mediática sobre las mujeres que organizó la agencia iMADES Communication.
«Hay un sector ideológico contrario a la igualdad legitimado por sentencias contrarias a nuestro ordenamiento jurídico».
PREGUNTA: Paqui, para empezar, aclárame eso de que eres la asesora jurídica solo de Juana Rivas, como publican algunos medios de forma interesada.
RESPUESTA: Soy asesora jurídica de muchas Juanas. Dicho esto, yo no elegí el caso de Juana. Yo soy una funcionaria que tiene la obligación de atender a quien pide protección, ayuda y asesoramiento. Por eso, una de las cosas terribles que se ha hecho con toda esta campaña de acoso y derribo a todo lo que significa Juana, que más que un caso es una causa que representa a muchas otras, es la violencia ejercida por determinados medios. Es lo que llamamos violencia mediática con la que se pretende individualizar la realidad, cuando estamos ante un problema estructural. De paso, han querido machacar servicios públicos que estamos dedicados a trabajar con las víctimas, han querido desvirtuar mi especialización, y, me ha querido desprestigiar a mí, que llevo atendiendo a víctimas de violencia de género a través de un servicio público desde hace 33 años*.
«En el caso de Juana hay tres víctimas destrozadas a las que no hemos sabido proteger. Nos toca analizar a cada parte involucrada si hemos estado a la altura».
P.: Un servicio al que acudió Juana y en el que se encontró contigo, ni más ni menos.
R.: Juana llegó hace 10 años a España huyendo de Italia y pensando que su país la iba a proteger. Acude, por tanto, al servicio público de su municipio en busca de asesoramiento y ayuda. Recuerdo que Italia ha recibido múltiples sanciones de la Unión Europea por incumplir todo lo que tiene que ver con igualdad. Pues bien, lo que Juana se encuentra es lo contrario a lo que esperaba. Para empezar, con un sistema judicial que no la protege, que dicta sentencias fuera de norma, con unos medios que la han desacreditación hasta la extenuación y con una sociedad que no ha sabido dar respuesta a estas tres víctimas, a tres vidas que ahora están destrozadas. Cada parte que le toca debe hacer un análisis profundo y preguntarnos si hemos estado a la altura.
P.: Muchos siguen pensando que Juana es una mujer desquiciada, que es algo muy típico que se dice para desacreditar una mujer.
R.: Juana es una de tantas madres protectoras a las que se machaca. Es verdad que a finales del pasado año, hubo un punto de inflexión, pero ahora, otra vez, todo ese frente mediático formado por periódicos y periodistas con nombre y apellidos han vuelto a la carga. Se juegan mucho en esta historia, entre otras cosas su credibilidad. Pensemos que hay algunos que han hecho dinero a costa de este tema. Hay uno, en concreto, que ha llamado a Francesco Arcuri, el ex marido de Juana, ‘hombre bueno’. ¡Pobrecito mío, perseguido y machacado! En fin. Al caso de Juana, de momento, le queda recorrido, pero lo realmente inquietante, insisto, es que hay tres vida destrozadas a las que no hemos sabido proteger.
«Hay un sector ideológico contrario al concepto de igualdad, con pancartas de ‘feminazi’ a las puertas de los juzgados, reforzados por jueces y juezas que les han legitimado».
P.: ¿Pero quién tiene interés en ensuciar tanto?
R.: Son los grupos amparados en una ideología completamente contraria a lo que significa la igualdad. Hay un sector ideológico que se ha crecido muchísimo y Juana viene a aparecer en un momento en el que el movimiento feminista está en un contra viraje tras adquirir un potencial muy grande. Es entonces cuando empieza a cuestionarse el movimiento feminista y esta tendencia empieza a tomar cuerpo hasta ahora. Estos grupos, que están en las puertas de los juzgados con carteles de ‘feminazi’ detrás de mi cabeza, se han reforzado, entre otras cosas, porque ha habido jueces y juezas que les han dado legitimidad a través de resoluciones que son contrarias a nuestro ordenamiento jurídico.
P.: Suena a premeditado, Paqui.
R.: Todo lo que está pasando no obedece a hechos aislados contra la igualdad. Es una connivencia que se retroalimenta. Retroalimenta el poder del padre para seguir machacando a los hijos y a la madre y retroalimenta el poder de los medios para que no pase nada cuando utilizan expresiones que antes no entraban en un discurso políticamente correcto. Como yo digo, se han abierto las alcantarillas. Y esto, en connivencia con operadores jurídicos reaccionarios en los distintos ámbitos, contribuyendo de manera clarísima.
P.: ¿Entonces?
R.: Yo quiero pensar que la mayoría de las instituciones, jueces y juezas y fiscales no son malas personas. Ni quiero pensarlo ni lo pienso. Lo que creo que pasa es que hay un problema de capacitación para aplicar normas tan cruciales como las que hacen referencia a los Derechos Humanos. Cómo será que seguimos anclados en la formación voluntaria. Pero ¡esto de qué va! O se toma muy en serio una formación obligatoria de verdad en el ámbito judicial o estamos abocados a ver procesos tan tristes como el de Juana. Porque de la misma manera que un médico está formado para ver lo que significa una mancha blanca en la radiografía de un pulmón, un juez y una jueza también deberían estar capacitados para ver con la misma claridad un caso de violencia de género.
P.: La Ley de Violencia de Género precisamente recoge estas consideraciones, entre otras. ¿Dónde quedan sus normas?
R.: Mira, en 2004, Amnistía Internacional ya dijo que el gran problema de esta ley es su aplicabilidad. Y en 2015, el Gobierno de Rajoy reconoció que los juzgados no estaban aplicando la reforma. Esto último me lo dijo una de las responsables de Justicia de entonces. El grave problema de esto es que a fecha de 2025 la falta de aplicación por parte del sistema jurídico se mantiene.
P.: ¿Y el remedio?
R.: Ocuparnos, trabajar, empoderarnos y luchar en todos los ámbitos, e insistir en la capacitación dentro del sistema jurídico y judicial. Esta falta afecta al retroceso en derechos, que suele ser muy rápido cuando se produce, y en temas de igualdad mucho más.
- *El nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue aprobado por todos los grupos políticos en el Congreso menos Vox el pasado miércoles 26 de febrero. Entre las medidas que incluye el texto, hay dos de las que habla Francisca en esta entrevista:
- La primera es reconocer y proteger como víctimas de violencia secundaria a quienes reciben represalias o presiones por apoyar a las víctimas. La segunda, exigir a la judicatura una formación evaluable y obligatoria en violencia de género.