Hay datos que no deberían sorprender y que, sin embargo, siguen produciendo el efecto de un puñetazo. Por ejemplo, que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en la Unión Europea, lo que equivale a 50 millones de personas. Pero lo más demoledor no es la cifra en sí, que ya es terrible, sino lo que ha permanecido invariable durante las últimas décadas. Esa proporción no baja.
Da igual el PIB per cápita del país, da igual si tiene leyes específicas de protección, da igual si sus instituciones presumen de índices de paridad envidiables. La violencia contra las mujeres es, en términos epidemiológicos, estructuralmente estable.
Eso es lo que acaba de publicar Enrique Gracia, catedrático de Psicología Social de la Universitat de València, en Nature Communications, una de las revistas científicas de mayor impacto a nivel mundial.
El artículo, publicado el martes 16 en formato Perspective —una categoría reservada por la revista para análisis de especial relevancia desde una visión experta—, lleva por título una pregunta incómoda: ‘¿Es la eliminación de la violencia contra las mujeres un objetivo realista a corto plazo?’ La respuesta que ofrece es no.
Cincuenta millones de mujeres, el mismo porcentaje que hace décadas
El punto de partida del estudio es la encuesta de violencia de género más reciente de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), realizada entre 2020 y 2024 a casi 115.000 mujeres de entre 18 y 74 años en todos los estados miembros. El 30,7% de las encuestadas declaró haber sufrido violencia física o sexual desde los 15 años.
Gracia pone esa cifra en diálogo con las estimaciones globales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sitúan la prevalencia mundial en el 30,4%, y con los informes de progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. El resultado de ese cruce es una fotografía que no admite lecturas optimistas: los niveles de violencia no han experimentado reducciones significativas en las últimas décadas.
La Meta 5.2 de los ODS aspira a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres para 2030 y solo faltan cuatro años.
Y esa estabilidad no es un detalle técnico. Es una condena. Porque significa que décadas de marcos legales, campañas de sensibilización, protocolos institucionales y compromisos políticos han sido incapaces de producir una reducción sostenida y mensurable a escala poblacional. La Meta 5.2 de los ODS aspira a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres para 2030 y solo faltan cuatro años. Gracia es categórico: ese objetivo no es realista.
La paradoja que incomoda: más igualdad, misma violencia
Uno de los hallazgos más reveladores —y más útiles para el análisis feminista— es que algunos de los países más desarrollados y con mayores niveles de igualdad de género de la UE registran cifras de violencia tan altas o superiores a la media europea. No es una novedad absoluta.
De hecho, Gracia lleva años investigando la llamada ‘paradoja nórdica’, el fenómeno por el que Suecia, Finlandia y Dinamarca —los países europeos con mayor igualdad formal entre sexos— presentan al mismo tiempo tasas desproporcionadamente altas de violencia de pareja contra las mujeres. Lo que aporta el nuevo estudio es que esa paradoja no es una excepción escandinava sino un patrón que se reproduce en toda la UE.
La conclusión que se extrae de ahí cuestiona frontalmente uno de los relatos más extendidos en los debates sobre política de igualdad. Y es la idea de que el desarrollo económico y la igualdad de género son, por sí solos, condición suficiente para reducir la violencia. No lo son. O al menos no con la velocidad ni la profundidad que se les atribuye.
Conviene precisar, no obstante, que parte de las cifras más altas en países nórdicos se explica también por una mayor disposición de las mujeres a identificar y denunciar la violencia, efecto de décadas de sensibilización social. La paradoja tiene, pues, una dimensión metodológica que los propios investigadores reconocen. Pero incluso asumiendo ese sesgo de declaración, los datos no cambian la tendencia de fondo sobre la persistencia de la violencia.
Las jóvenes, la generación que no mejora
El segundo hallazgo que merece atención específica es el que afecta a las mujeres más jóvenes. Las generaciones que hoy tienen entre 18 y 30 años declaran niveles de violencia iguales o superiores a los de sus madres y abuelas. La prevención o está llegando tarde, o está llegando mal, o no está llegando a esta franja.
Eso significa que todo el esfuerzo depositado en la educación afectivo-sexual, en los programas de sensibilización en institutos y universidades, en las campañas dirigidas a jóvenes, no ha producido el efecto poblacional esperado.
Los datos: hay más de 300 millones de mujeres afectadas en un solo año —según datos de 2023-2024— y 50.000 femicidios anuales en el mundo, el 60% cometidos por parejas o familiares.
Las razones son complejas y el estudio no las agota —haría falta un análisis específico por tipología de violencia, por entorno, por contexto relacional—, pero la señal es suficientemente clara como para exigir una evaluación a fondo de qué se está haciendo y por qué no funciona.
El verdadero obstáculo: no es ignorancia, es política
Y llega el apartado donde el diagnóstico del profesor Gracia adquiere toda su dimensión. Porque el estudio no concluye que no sabemos cómo combatir la violencia contra las mujeres. Concluye exactamente lo contrario. Que la investigación de las últimas décadas ha identificado estrategias de prevención con evidencia demostrada de eficacia, pero falta voluntad política para implementarlas a la escala necesaria.
Esa afirmación, formulada por un científico en la revista de mayor impacto de su categoría, tiene el valor de lo que el feminismo lleva décadas sosteniendo en términos políticos. La violencia contra las mujeres no persiste porque sea insoluble. Persiste porque no se invierte en prevenirla con la misma determinación con que se invierte en otros problemas de salud pública de magnitud comparable.
En el mundo, hay más de 300 millones de mujeres afectadas en un solo año —según datos de 2023-2024— y 50.000 femicidios anuales en el mundo, el 60% cometidos por parejas o familiares. Son datos que sitúan el problema en la escala de una pandemia que, sin embargo, no ha generado la respuesta institucional de emergencia que una pandemia exige.
Una llamada de auxilio disfrazada de propuesta científica
El artículo concluye con un llamamiento a una iniciativa científica internacional de gran escala para abordar la violencia contra las mujeres como lo que es: una crisis de salud pública. La formulación es académica, pero la lectura política es nítida.
Lo que Gracia está pidiendo es que los Estados, los organismos internacionales y las instituciones científicas traten este problema con la misma urgencia, coordinación y financiación con que han abordado otras crisis sanitarias globales.
Es, en el fondo, la misma reclamación que llevan décadas haciendo las organizaciones feministas, los movimientos de mujeres, las activistas que trabajan en los márgenes del sistema. La diferencia es que ahora lleva el sello de Nature Communications y un sello de publicación científica de referencia.