María Bueno es fundadora y representante de ‘Alumbra‘ -Asociación por la Lucha de Madres de Bebés Robados en Andalucía-, y de la Plataforma Foro Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles ‘Te Estamos Buscando’. También es la primera madre víctima de bebés robados que ha conseguido inscribir en el Registro Civil a su hija después de 43 años y darle el nombre que le corresponde, María González.
Esa niña, que existe, hace apenas unos meses era lo que la ley consideraba una «criatura abortiva» (nombre de los bebés muertos al nacer o en las 24 horas siguientes al parto). Con la identidad reconocida, María, la madre, puede pedirle al Estado ‘con todas las de la ley’ que ponga en marcha la maquinaria correspondiente para buscar a su hija desaparecida al nacer. Porque al igual que los cientos de miles de bebés robados de este país, de María ‘hija’ no hay registros oficiales que prueben su muerte al nacer, en la Navidad de 1981.
Quince años de búsqueda, de investigación y de lucha han hecho de María (madre) una mujer serena, firme, sensible y preparada que ha llegado con sus informes legales al Defensor del Pueblo y hasta Naciones Unidas. La conversación con ELLAS, por teléfono, entre Granada y Madrid, fue la constatación de lo mucho que puede durar la fuerza de una madre.
PREGUNTA: María, me gustaría empezar por el final y saber si todavía buscas culpables.
R.: No, yo ya no quiero culpables, ni banquillo de los acusados. Todo eso me sobra. Lo que que quiero, lo que queremos las madres víctimas de bebés robados, es reparación moral. Lo que necesitamos es humanidad, el reconocimiento de nuestra lucha como jabatas, porque se olvida que somos víctimas primarias a las que se nos han violado los derechos humanos. Queremos que se nos reconozca como víctimas, que se legisle sobre ello, porque el tiempo pasa y seguimos esperando. Muchas se han quedado por el camino y queremos dejar rastro de la historia de nuestros hijos, porque ellos existieron.
P.: Tu caso, con sus peculiaridades, tiene muchos puntos en común con el resto de las madres víctimas de bebés robados. ¿Qué pasó?
R.: Yo llegué al Hospital de Cádiz desde la Línea de la Concepción para dar a luz el 24 de diciembre de 1981. Sufrí una violencia obstétrica terrible para forzarme el parto. De hecho, me sometieron a sumisión química forzada y no me enteré de nada. A mi familia le dijeron que mi hija venía muerta y yo estaba en peligro de muerte. Supuestamente, porque no hay registros al respecto. Curiosamente, di a luz a mi hija de forma natural porque a mí no me practicaron cesárea. A la mañana siguiente, una monja me trajo un Niño Jesús de porcelana para que lo besara y para que me consolara. Eso me dijo. Me fui a mi casa sin haber tocado a mi hija, sin un solo papel sobre el parto o el entierro y entré en un silencio total durante un año. No entendía nada de lo que había pasado, pero tampoco desconfié de las monjas ni del médico que me habían atendido.
P.: Entonces, ¿por qué empezaste la búsqueda?
R.: Hace 15 años, después de escuchar noticias al respecto, decidí pedir el certificado de enterramiento de mi hija. No tenía nada oficial de ella, pero yo la había llevado en el vientre 9 meses. Es lo que yo llamó una verdad material. Para mi sorpresa, lo que recibí fue un documento oficial en el que decía que el cuerpo de mi hija nunca había llegado al cementerio. También averigüé que en el hospital no se había registrado ni su nacimiento en la fecha que se produjo ni su muerte. Evidentemente, eso es falsedad en documento público en una suerte de maquinaria en la que hospitales y registros de la ápoca iban a una. Todo lo tengo documentado y gracias a ello he conseguido inscribir a mi hija en el Registro Civil y darle identidad.
P.: ¿Qué valor tiene el registro de tu hija, exactamente, María?
R.: En primer lugar, un valor moral. Yo me puedo morir mañana tranquila sabiendo que mi hija existe y lo confirma legalmente el papel del registro. Ella ha dejado de ser lo que la ley da en llamar ‘criatura abortiva’, poco menos que una cosa inmaterial, para tener identidad y nombre, que no le pude dar porque la ley no lo permitía. Ahora es María González. Ahora, el Estado deber responder a lo que siempre he pedido, que me diga dónde está mi hija en el caso de estar viva o que me de sus huesos si está muerta.
P.: ¿Hay más madres que hayan registrado a sus hijos?
R.: Que yo sepa, después que yo solo dos madres más. Es que es una cuestión muy personal que tiene que ver con el proceso de cada madre. De cualquier forma, la reforma ministerial sobre el Registro Civil daba dos años de plazo para realizar el trámite y ya se ha acabado. Cayó en mis manos de casualidad cuando ya había pasado un año. Luego, tardé un poco en analizarla para saber qué implicaba. Yo hice el registro a modo de prueba porque no confiaba que saliera adelante. De hecho, el funcionario del registro de Cádiz al que me desplacé desde Granada desconocía la reforma y tuve que guiarle con la documentación. Cuando recibí por correo el certificado con el hombre de mi hija lloré como una niña pequeña.
P.: ¿Qué impide una respuesta estatal a estas alturas?
R.: A ver. Las madres somos las víctimas primarias, pero también las familias que pagaron por un niño. Algunas, las que no tenían recursos, se sacrificaron y se endeudaron. Hay cientos de miles. Ten en cuenta que la presión social para formar una familia –por entonces solo se entendía a través del parto de las mujeres- fue muy grande. Por tanto, el Estado las protege porque esto es demasiado grande, porque tendría que indemnizar económicamente a las víctimas. Y aunque yo, como madre, renuncie a esa indemnización, no lo puedo hacer en nombre de mis herederos.
P.: Pero más allá de lo económico, ¿algo podrá hacer para reparar el daño causado?
R.: Pedir perdón y que se cumplan los compromisos concretos que recomienda el Defensor del Pueblo en un informe de junio pasado. Las valoraciones del Defensor son una respuesta a un informe de 1.000 páginas que elevé a su oficina para pedir, entre otras cosas, la puesta en marcha de un banco de ADN nacional para volcar en él los resultados de laboratorios privados. Pero también, que no prescriban lo hechos, la gratuidad de las pruebas genéticas, el acceso a todos los archivos y que se consideren los casos desde la perspectiva de género. Es que solo entre 1942 y 1950, el juez Baltasar Garzón cuantificó en un auto en 2008, cerca de 40.000 casos de niños desaparecidos. Han pasado 80 años y creo que es tiempo suficiente para haber puesto sobre la mesa datos y soluciones.
P.: ¿Crees que el hecho de ser mujer afecta a vuestra credibilidad?
R.: Sí, totalmente. Es verdad que hay hombres que han evolucionado y entienden que como seres humanos, al margen del género, las mujeres tenemos derechos. Pero no puedo obviar que el patriarcado fue y sigue siendo. De hecho, yo me di cuenta de lo poco que valía por ser mujer cuando tenía 13 años. Y creo que por ese enraizamiento del Estado de Derecho con el patriarcado, está obviando y olvidando a miles de mujeres a las que nos han separado de nuestros hijos.
P.: Esperemos que ese olvido acabe pronto, María. Muchas gracias.
*Entrevista facilitada por la agencia iMADES Comunicación.