A finales de 2024, la Asociación de Mujeres de Vallekas comenzó a recibir los primeros testimonios de mujeres que alertaban de un trato humillante y vejatorio en uno de los dos centros de acogida para víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid (Centro número 4). El recurso, público y regional, está gestionado por la Asociación Trama.
Las mujeres describieron un entorno hostil y autoritario en el que se las llamaba por motes, se las vejaba por su aspecto y en el que se les sancionaba si no cumplían las tareas domésticas impuestas. Las madres recibían amenazas con la pérdida de custodia de sus hijos e hijas o con la expulsión del centro si no obedecían. «Era un Guatánamo», ha llegado a describir alguna de esas mujeres.
Con todo, la Asociación vallecana no tardó en poner estas denuncias en conocimiento de la empresa adjudicataria, que no cambió su comportamiento hacia las mujeres. También se los hizo llegara a la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, sin obtener una respuesta contundente hasta varios meses después.
De hecho, tras estallar el asunto, la Comunidad de Madrid ha explicado que fue la propia dirección general la que puso en conocimiento de la Fiscalía estas denuncias en cuanto fue conocedora de las mismas y, a la vez, abrió una investigación interna. Denuncia que, inicialmente, archivó la Fiscalía el pasado mayo por «por no observarse indicios de delito».
“Nos insultan, nos ponen motes”
Todo lo acontecido desde diciembre se ha mantenido oculto hasta ahora y sin solución. Fue el mes pasado cuando RTVE publicaba varios de aquellos testimonios de mujeres que habían pasado por el centro, así como de trabajadoras que decidieron renunciar por no poder tolerar el ambiente que allí se vivía.
Una de esas extrabajadoras testificó ante la Fiscalía en marzo, y en su declaración relató cómo a las mujeres se las llamaba por motes y se las denigraba por su aspecto. «Pena mora” o “el lamento boliviano” eran algunos de ellos. Además, la dirección del centro fomentaba las rivalidades y divisiones entre las residentes, no les permitían juntarse, hablar en grupo o manifestar unión entre ellas.
Todos los testimonios publicados de las propias afectadas coinciden en describir un lugar donde imperaba el miedo, el control y la humillación y donde, según se ha sabido, las trataban «como delincuentes».
Según varias extrabajadoras, el trato deshumanizado era sistemático, se establecía una estructura disciplinaria rígida y había poco margen para la atención individualizada. Incluso, las responsables llegaron a prohibir dar agua a un bebé «porque usaba muchos pañales» o se les negaban ropa de abrigo. Como consecuencia, cuentan las mujeres, uno de los niños acabó deshidratado y, otro, con una neumonía en el hospital.
A la espera de lo que diga el Juzgado
La dirección general de la Mujer recibió a varias de las denunciantes el pasado mayo. Entonces, aseguró que mantenía dos investigaciones internas abiertas.
Pocos días después, la Fiscalía de Alcalá de Henares presentó una denuncia por posibles deficiencias en el funcionamiento del centro así como de trato discriminatorio en el juzgado de Arganda del Rey.
Será, por tanto, este juzgado el que deberá decidir si admite la denuncia de la Fiscalía de Alcalá a trámite. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid ha declarado hoy que ha conocido la denuncia por los medios de comunicación y que antes de tomar la decisión de rescindir el contrato o imponer sanciones, esperará a tener una resolución judicial en firme.
El Juzgado de Arganda del Rey deberá pronunciarse sobre si acepta o no la denuncia de la Fiscalía de Alcalá de Henares por «mala praxis y trato vejatorio» de la entidad Trama hacia las mujeres víctimas de violencia de género acogidas en el ‘Centro 4’.
Las consecuencias para las mujeres
Hoy, en el último pleno del curso político madrileño la oposición ha criticado la pasividad de la Comunidad de Madrid en este caso y ha solicitado la comparecencia urgente de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, para que explique su gestión, y de la directora general de la Mujer, Patricia Reyes.
De momento, nada se ha dicho sobre si la actividad en el centro denunciado ha cambiado ni sobre las mujeres afectadas que lo dejaron y se vieron obligadas a volver con sus agresores. Una circunstancia que también se especifica en la denuncia, ya que algunas, al no soportar el trato recibido, decidieron abandonar el centro antes de completar su proceso de recuperación.
La Asociación Centro Trama es la entidad gestora de esta residencia para mujeres víctimas de género desde de junio de 2022.
En concreto, gestiona el Centro de Acogida nº 4 (de 22 plazas) y el Centro nº 2 (de 35 plazas) por un importe respectivo de 776 481,36 € y 1 201 602,24 €.