Mientras en Irak, el Gobierno islamista trata de aprobar el matrimonio de las niñas a partir de los 9 años, en Irán, el Consejo de Seguridad Nacional ha suspendido la aplicación de la ley que obligaba a las mujeres a usar el hiyab en público.
Algunos consideran que la decisión se produce gracias a la presión ejercida por las mujeres del país tras las protestas por la muerte en 2022 de Mahsa Amini. La joven de 22 años falleció tras ser detenida por la denominada Policía de la Moral en el metro por, supuestamente, llevar mal colocado su velo. Desde aquel momento, las manifestaciones multitudinarias adoptaron el lema ‘Mujer, Vida, Libertad’, en Irán y en todo el mundo.
Sin embargo, la noticia aparentemente positiva, ha despertado la desconfianza en sectores que luchan por los derechos humanos en el país asiático. Es el caso de la activista Nilufar Saberi, quien explica para la sección ELLAS de este periódico que no es la primera vez que en Irán se hacen anuncios de este tipo que luego no se cumplen.
Por ejemplo, la disolución de la unidad de la policía de la moral de la que el Gobierno del país proclamó su desmantelamiento en 2022. «Esto fue falso totalmente. A las mujeres se les siguió echando a los furgones de la muerte y las siguen llevando como ganado. Es más, han inventado más unidades de represión contra las mujeres, como los vigilantes del hijab«, explica Saberi.
Patrullas de mujeres contra mujeres
La ley de hiyab en Irán se aplica solo sobre las mujeres e incluye sanciones como multas, restricciones de servicios públicos y penas de prisión para reincidentes. Por debajo, subyacen torturas y agresiones por parte de una policía que queda totalmente impune.
Sectores como el que representa Nilufar no creen que que nada vaya a cambiar en su país de origen. «Al contrario», afirma la activista, «el régimen, ha contratado mujeres islamistas que patrullan los metros y las calles para alertar sobre el velo; ellas fueron las que alertaron sobre la joven Amini», explica.
También fueron estas «vigilantas», para sectores contrarios al régimen, las que provocaron la muerte de la adolescente iraní de 17 años Armita Garawand, en octubre de 2023. Armita quedó en coma tras un controvertido incidente en el metro de Teherán que las autoridades no han aclarado aún. Según varias entidades de derechos humanos, resultó herida de gravedad a raíz de una «agresión» a manos de los miembros de la policía de la moral.
Drones y reconocimiento facial
Tras los incidentes de los últimos años y su repercusión mundial, algunos medios occidentales se hicieron eco de la llamada de atención de la ONU sobre la utilización de alta tecnología para vigilar a las mujeres por parte del Gobierno teocrático.
Concretamente, el informe elaborado por la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Islámica ―creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU- denunció el empleo de drones y del reconocimiento facial para controlar a las mujeres y las niñas iraníes.
Por eso, Saberi está convencida de que la represión contra las mujeres siguirá como hasta ahora, aunque reconoce que «no hay policía suficiente para ir detrás de millones de mujeres». «No pueden con nosotras», afirma rotunda a este medio.
La activista, pues, no duda de que «son noticias falsas que lanzan los islamistas para ganarse la simpatía internacional, porque están en una situación muy delicada con las negociaciones con los Estados Unidos y están dispuestos a lo que sea con tal de mantenerse en el poder».
Durante las protestas, 49 mujeres resultaron muertas por fusiles de asalto y las autoridades detuvieron a 60 mujeres. Además, la activista Rosa Heshmati recibió 74 latigazos por aparecer en público sin ‘hijab’.
Más de 30.000 detenciones y cerca de 600 muertos
Según un informe de la ONU publicado en marzo de 2024, durante las protestas que se produjeron en el país por la muerte de la joven kurda, se registraron más de 30.000 personas detenidas y al menos 551 muertos a manos de las fuerzas de seguridad iraníes. Entre ellos, se registraron 49 mujeres y 68 niños. Las armas de fuego, concretamente, fusiles de asalto, causaron la mayoría de las muertes.
La represión también incluyó detenciones de periodistas, activistas y abogados. Por ejemplo, solo en la provincia de Guilán, al norte del país, las autoridades detuvieron a 739 personas, entre ellas 60 mujeres. La activista kurdo-iraní Roya Heshmati fue detenida por aparecer en público sin el hiyab obligatorio y posteriormente condenada a recibir 74 latigazos.
Es por todo ello, que la suspensión de la obligatoriedad del hiyab es vista por algunos como una respuesta a la presión social y a las protestas que han sacudido al país en los últimos años. Sin embargo, la medida también ha sido criticada por sectores conservadores que la consideran una concesión a la invasión cultural de Occidente.
No hay que olvidar que, aun formalizándose la ley de suspensión del hijab, las mujeres iraníes continúan enfrentando desafíos en la lucha por sus derechos y libertades. De hecho, las restricciones sociales contra las mujeres iraníes siguen siendo una realidad.