Que un hombre imponga relaciones sexuales a su pareja es, según llegó a argumentar un fiscal italiano, algo «normal». De hecho, sostuvo que las mujeres «tienden a mostrar» cierta resistencia cuando están cansadas del día a día y reciben insinuaciones sexuales. Superar ese mínimo de resistencia por parte del hombre entraría dentro de lo esperable.
Con ese razonamiento, el Ministerio Público solicitó el archivo de la denuncia de Audrey Carmen Manuela Úbeda, una mujer francesa residente en Italia que había acusado a su expareja de ponerle un cuchillo en la garganta y de forzarla sexualmente.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado este jueves a Italia, entre otras cosas, por esa misma frase: la considera parte de «una cultura sexista y estereotipada» capaz de generar una victimización adicional en las mujeres que ya han sufrido violencia.
La condena de Estrasburgo no se limita a ese episodio sino que reconstruye un itinerario judicial de años en el que las instituciones italianas, según el Tribunal, fallaron sistemáticamente a la hora de proteger a una madre y sus dos hijos de la violencia física y psicológica de su expareja y padre de los menores.
Del refugio a la trampa institucional
Úbeda denunció esa violencia en abril de 2021. Un mes después consiguió entrar en un centro de acogida junto a sus hijos, lejos del agresor. Pero ese refugio, pensado como tránsito hacia una vida segura, se convirtió con el paso de los meses en una prisión de facto. Los tribunales italianos no le ofrecieron ninguna vía de salida. Ni siquiera la autorización para regresar con los niños a Francia, su país de origen, que era justamente lo que ella reclamaba. La familia permaneció recluida en ese centro más de tres años.
El TEDH concluye que esa espera prolongada causó un daño grave a la salud física y psicológica de la madre y los menores. Y señala algo que va al corazón del problema: mientras la familia agredida cargaba con años de internamiento, el hombre denunciado no estuvo sometido a ninguna medida de privación de libertad.
Italia tardó tres años en hacer efectiva la retirada de la patria potestad al padre.
A esa lentitud se suma otra. Aunque el juzgado de menores acabó retirando la patria potestad al padre, tardó más de tres años en hacerlo, pese a que los servicios sociales ya habían alertado del daño que la incertidumbre sobre esa relación paterna estaba causando a los niños. Para Estrasburgo, esa demora incumple la obligación de actuar con diligencia y rapidez que pesa sobre los Estados en este tipo de casos.
Por el conjunto de estas negligencias, Italia deberá pagar 15.000 euros a cada uno de los tres demandantes —la madre y los dos menores— por los daños sufridos, y otros 15.000 euros conjuntos en concepto de costas judiciales.
Un patrón que Estrasburgo lleva años documentando
Aunque podría verse como un caso aislado, lo cierto es que esta sentencia se inscribe en una serie de condenas que el TEDH viene dictando contra Italia por fallos estructurales en la protección frente a la violencia machista. De hecho, en 2017, en el llamado caso ‘Talpis’, el Tribunal ya había declarado que las autoridades italianas no protegieron a una mujer ni a su hijo pese a las denuncias previas, en un caso que terminó con el asesinato del menor.
Además, en 2022, la sentencia ‘M.S. contra Italia’ condenó de nuevo al país por no actuar con la prontitud exigida ante alertas repetidas de violencia doméstica, hasta el punto de que la investigación prescribió por inactividad judicial. Y ese mismo año, en el conocido como ‘De Giorgi contra Italia’, Estrasburgo constató que la Fiscalía no había mostrado la diligencia especial que requiere un riesgo real para la vida de una mujer y sus hijos, dejando al agresor en una situación de impunidad.
Eso, a pesar de que el propio órgano de supervisión del Convenio de Estambul, el GREVIO, reconoció en diciembre de 2025 los avances legislativos italianos en materia de violencia contra las mujeres, pero advirtió también de que persisten lagunas importantes para su cumplimiento pleno.