El 52% de los casos de violencia institucional machista tiene su origen en el sistema judicial. Así lo denuncian las 117 mujeres que, en lo que va de 2024, han reportado al Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM) situaciones de vulneración de derechos por parte del Estado. Todas las denuncias están recopiladas en el canal de denuncia colectiva de la entidad.
Es, por tanto, un dato alarmante que encabeza el informe anual del OVIM, presentado este jueves en Barcelona y cuyas conclusiones son contundentes. Entre otras, que las instituciones que deberían garantizar la protección, la reparación y la justicia a las mujeres que sobreviven a la violencia machista, en muchos casos acaban generando nuevas violencias.
En palabras de la portavoz del observatorio, Júlia Vega, “hablamos de mujeres que acuden buscando protección y justicia, pero se encuentran con nuevas formas de maltrato, descrédito o desamparo”.
Jueces, fiscales y abogados de oficio, los más señalados
De los 39 agentes públicos mencionados en el informe, la figura del juez es la más frecuente (22,6%), seguida del Ministerio Fiscal (15,5%) y la abogacía de oficio (14,6%). Les siguen otros sectores como el policial, el sanitario, el social y el de atención especializada en violencia machista.
Estos datos reflejan una estructura institucional que, lejos de ser aliada, a menudo pone trabas, cuestiona la credibilidad de las víctimas y niega su derecho a la reparación integral.
Otro de los hallazgos clave del informe es que el 94% de los relatos recogidos están atravesados por distintos ejes de opresión. Así, el racismo es el más mencionado: un 42,7% de los casos hacen referencia explícita a discriminaciones por origen, color de piel o situación administrativa.
Las mujeres migrantes, explican desde OVIM, “no solo son ignoradas, sino también criminalizadas o tratadas como menores de edad”, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.
Más del 60% de las mujeres que denunciaron violencia institucional tenían entre 31 y 50 años. Además, un 37,1% habían nacido fuera del Estado español, y un 33,3% fuera de la Unión Europea, lo que da cuenta de la dimensión interseccional del problema.
Derechos vulnerados y consecuencias psicosociales
La violencia institucional no solo implica maltrato verbal, juicios de valor o actitudes negligentes. También supone una vulneración sistemática de derechos fundamentales. El 96,6% de las mujeres declararon haber visto obstaculizado su acceso a políticas públicas y derechos básicos. El 82,2% denunció que no se respetó su derecho a la reparación integral, el 68,2% su derecho a la seguridad, y el 66,7% su acceso a recursos eficaces.
Según Liliana Aragón, también portavoz del OVIM, estas violencias machistas en los juzgados suponen “un impacto emocional, psicosocial y económico profundo, generando angustia, malestar e incertidumbre que refuerzan la percepción de abandono institucional”.
La también portavoz Amanda Alexanian ha explicado que el informe constata
que las mujeres migrantes «no solo son ignoradas, sino también criminalizadas
o infantilizadas». Esto, por tanto, agrava la exposición a la violencia
institucional y el acceso a derechos y recursos.
Por último, desde el observatorio insisten en que los casos presentados no son casos aislados, sino que responden a un patrón estructural. La violencia institucional machista no se produce por error o desconocimiento, advierten. Se produce como resultado de un sistema que sigue privilegiando la mirada patriarcal, racista y clasista. Este primer informe del OVIM es también una herramienta política, es decir, es un documento que reclama responsabilidad, revisión de protocolos y cambios concretos.