El Tribunal de Cuentas ha ordenado investigar la compra de un ático de 485 metros cuadrados en el número 35 de la calle General Martínez Campos, en el distrito madrileño de Chamberí, por parte de Planifica Madrid, empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid, tras apreciar indicios de un posible perjuicio a las arcas públicas.
La operación, formalizada el pasado 14 de abril por un importe de 6,3 millones de euros, vuelve a situarse en el centro de la polémica después de que el órgano fiscalizador haya decidido remitir las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que se designe un delegado instructor. Su cometido será investigar las presuntas irregularidades y determinar si los hechos pudieran dar lugar a responsabilidades contables.
En su resolución, la consejera de Cuentas considera que existen elementos suficientes para no descartar que la adquisición haya ocasionado un daño real y efectivo a los fondos públicos de la Comunidad de Madrid. Por este motivo, rechaza la petición de archivo presentada tanto por el Gobierno regional como por la propia empresa pública.
Una compra sin justificación previa
Uno de los principales aspectos que deberá esclarecer la investigación es la ausencia de documentación que justificase la necesidad de adquirir el inmueble antes de formalizarse la compraventa.
Según recoge el auto, la operación se llevó a cabo sin que constase un encargo formal previo de la Comunidad de Madrid ni una memoria justificativa que acreditase la necesidad de disponer de esta vivienda. El documento utilizado posteriormente por la Administración regional para defender la adquisición fue elaborado el 2 de julio, casi tres meses después de que Planifica Madrid comprase el ático.
La Comunidad justificó posteriormente que el inmueble tendría un uso institucional, con espacios destinados al trabajo, descanso y alojamiento ocasional de autoridades. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas cuestiona que esta finalidad encaje con el objeto social de Planifica Madrid, cuyos estatutos vinculan su actividad inmobiliaria a las necesidades administrativas de las consejerías y organismos públicos regionales.
La operación también quedó en entredicho después de que el contrato de arrendamiento suscrito entre Planifica Madrid y la Comunidad de Madrid el 28 de julio fuese resuelto de mutuo acuerdo el 15 de septiembre. La Administración comunicó entonces que había desaparecido la necesidad que justificaba el alquiler.
El ático nunca llegó a ser utilizado por la Comunidad de Madrid y posteriormente se acordó ponerlo a la venta.
El posible sobreprecio, bajo investigación
Otro de los puntos que deberá analizar el delegado instructor es si el precio abonado por la empresa pública se ajustaba al valor real de mercado. La primera tasación encargada a Gesvalt, fechada el 13 de febrero de 2026, valoró el inmueble en 6.242.884,19 euros, una cantidad ligeramente inferior a los 6,3 millones finalmente pagados.
Los denunciantes sostienen que pudieron existir otros costes asociados a la operación y sitúan el posible perjuicio económico en, al menos, 437.058 euros.
La Comunidad de Madrid y Planifica Madrid han defendido la legalidad económica de la compra y han aportado una segunda valoración de Gesvalt, fechada el 15 de octubre, que elevó el valor del ático hasta los 6.320.341,26 euros al incluir parte de la terraza cerrada en el cálculo.
Asimismo, la Administración regional ha argumentado que el precio de salida fijado para su venta, de 6.694.201 euros, permitiría recuperar la inversión realizada.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas recuerda que la primera licitación quedó desierta, al no presentarse ninguna oferta, y que el inmueble continúa sin encontrar comprador. Una circunstancia que deberá tenerse en cuenta para determinar si el precio establecido responde a las condiciones reales del mercado.