El PSOE de Madrid ha pedido medidas para evitar «acoso» ante las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo ante lo que la Comunidad de Madrid le ha instado a plantear su reclamación ante la Delegación del Gobierno, que ostenta las competencias de seguridad.
Este cruce ha tenido lugar en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid ante una pregunta de la diputada socialista Lorena Morales, quien ha reclamado información sobre las medidas a impulsar por el Ejecutivo regional para que no sean «acosadas en el entorno de dichos establecimientos».
Morales ha cargado contra una Comunidad en la que no se deja «abortar en los hospitales públicos» y ha indicado que por ello desde el PSOE se reclama «lo mínimo», que en las clínicas acreditadas se de «en condiciones dignas».
«Y esto empieza porque los y las profesionales y las usuarias puedan ejercer su derecho en esos establecimientos sin ser acosadas y añadiendo más dolor a un momento delicado», ha reclamado.
Acabar con la situación de «un plumazo»
«Si el acoso se produjera a las puertas de la Fundación Jiménez Díaz, no dudo que el primer día acababan ustedes con esta situación de un plumazo y llamaban corriendo al delegado del Gobierno», ha lanzado Morales tras deslizar que el Gobierno autonómico no se habría puesto en contacto con esta institución para controlar estas conductas ilícitas.
Prestación integrada en el sistema
Frente a ello, la directora general Asistencial de la Comunidad de Madrid, Almudena Quintana Morgado, ha defendido que la interrupción voluntaria del embarazo es una prestación integrada en la organización sanitaria del Servicio Madrileño de Salud con «profesionales cualificados y mecanismos de seguimiento y control».
«Sin embargo, las situaciones que puedan producirse en la vía pública, así como la prevención o actuación frente a posibles conductas de acoso en el entorno de los centros donde se realiza, corresponden al ámbito de seguridad ciudadana, por más que nos lo quiera achacar a nosotros», ha planteado al tiempo que ha recordado que las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependen de Delegación.
Así, ha recalcado que hay «dos planos distintos que no deben confundirse». Por un lado esta el acceso a la prestación sanitaria que «está garantizado» en el Sermas, competencia de la Consejería, mientras que la seguridad en la vía pública cuya «regulación, control y actuación corresponden a otra administración».
