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La Comunidad de Madrid ha asegurado que la viabilidad económica del Centro de Atención y Recuperación Integral de Mujeres y sus Hijos e Hijas víctimas de violencia, gestionado por la Federación Nacional de Mujeres Separadas y Divorciadas, centro del que se anunció recientemente su eventual cierre por déficit presupuestario, corresponde al Gobierno central.

La consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, ha recibido «con cierto asombro y perplejidad» la carta firmada conjuntamente por los titulares de las Secretarías de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género y de Derechos Sociales, «en la que, básicamente, trasladan la responsabilidad» de su financiación a la Comunidad.

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Pero Dancausa, en una misiva respuesta, a la que ha tenido acceso Ep, recuerda que este centro, gestionado por una entidad de ámbito nacional, es un recurso que atiende a mujeres de todo el país, pudiendo acceder cualquier mujer española o extranjera –con sus hijos o sin ellos– que hayan sufrido violencia de género, independientemente de su vecindad administrativa.

Por tanto, considera que el Estado es el que tiene atribuidas las competencias para atender dicho recurso, «sin perjuicio de que para su coordinación deba contar con la Comunidad de Madrid, de acuerdo con las funciones que esta Comunidad tiene asumidas en su Estatuto de Autonomía en materia de asistencia social y dentro de su ámbito territorial, sin olvidar que las administraciones públicas son corresponsables para garantizar el acceso y ejercicio del derecho a la asistencia social, reconocido en la LO 1/2004 y los compromisos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a los que hacen referencia en su carta».

«Por ello no podemos aceptar que, debido a una incorrecta gestión del Ministerio, se traslade ahora a la Comunidad de Madrid el problema de este centro, alegando para ello falta de competencia por parte del Estado», añade la consejera.

Además, señala que la Federación ha venido percibiendo del Estado, durante los últimos 30 años subvenciones provenientes del 0,7% del IRPF. «Y esto incluso ha sucedido así a partir de 2017, momento en que dichas subvenciones pasan a ser competencia de las comunidades autónomas. Hasta el año 2021, año que, por razones que ignoramos, ese Ministerio redujo la subvención que hasta esa fecha le otorgaba a dicha entidad», apuntan.

Dancausa pone de manifiesto que si bien, tal como se indica en la carta de los secretarios de Estado, se aprobó en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Atención a la Dependencia un sistema de reparto de los fondos correspondientes al 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades (80% de los recursos para el tramo autonómico y un 20a» para el tramo estatal), igualmente a propuesta del propio Ministerio se aprobó que ese traspaso se realizara en dos años (hasta 2023), motivando dicha propuesta en que «no haya ningún actor, ninguna comunidad autónoma, y tampoco, ninguna entidad estatal que sufra una merma de recursos de un año para otro».

Por ello, para la titular regional de Política Social resulta «cuanto menos paradójico que el Ministerio se arrogue la función de garante de derechos de entidades estatales como la Federación Nacional de Mujeres Separadas y Divorciadas, aplazando el traspaso de competencias (y de fondos) a las comunidades para así evitar de forma transitoria la merma de recursos a estas entidades y, sin embargo, ante el cierre eventual del centro de Coslada gestionado por dicha entidad se dirija a esta Consejería «para trasladarle el problema, invocando solo una parte del citado acuerdo aprobado por el Consejo Territorial, e ignorando que el Ministerio hasta 2023 se ha comprometido económicamente con esas entidades, con el fin de que no se vean perjudicadas por el citado traspaso de fondos a las autonomías».

De izda a dcha: Marta Sáez, psicóloga y Carmen Acebes, psicopedagoga, ambas trabajadoras del Centro de Recuperación y Reinserción Integral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género – Fotografía N.M. Díaz

Red de la Comunidad de Madrid

Por este hecho, Concepción Dancausa ha indicado que el Ministerio en ningún momento les ha comunicado la necesidad de hacerse cargo de la financiación de este centro, al igual que tampoco conoce si el Ministerio de Derechos Sociales, «teniendo en cuenta la larga lista de tipos de proyectos que se reservó en el Acuerdo del Consejo Territorial de junio de 2021, va a seguir manteniendo su apoyo a dicha organización de carácter estatal, para que sigan cumpliendo los objetivos que se han venido estableciendo hasta la fecha».

La consejera también señala que la Red de atención de Centros de la Comunidad de Madrid para la atención a las mujeres que sufren violencia, es pública, gratuita y financiada por esta Comunidad, a través fundamentalmente de contratos con las entidades que se presentan a la licitación para atender a las mujeres que viven en la región, o, en su caso por medio de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y bajo el principio de publicidad, para actividades de interés general que atienden fines de interés social con cargo al 0,7% del IRPF; «sin que sea posible, ni de forma excepcional, las denominadas subvenciones nominativas».

En la carta, la consejera madrileña añade que «queda a la entera disposición de los secretarios de Estado antes mencionados para tratar este o cualquier otro asunto que sea de su interés y competencia de su Consejería«.

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