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Los juzgados de violencia sobre la mujer de la Comunidad de Madrid recibieron un total de 6.534 denuncias y registraron un total de 6.438 mujeres víctimas, datos que revelan un aumento en ambos casos del 17,1% si se comparan con los de los tres primeros meses de 2021, aún bajo las consecuencias de la crisis sanitaria causada por el Covid-19.

Ambos indicadores se sitúan también por encima de las cifras del primer trimestre de 2020 (el estado de alarma por la irrupción de la pandemia se decretó el 14 de marzo de ese año), cuando el número de denuncias en Madrid fue de 5.575 y el de mujeres víctimas, 5.445.

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El informe anual sobre violencia de género hecho público hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género pone de manifiesto que, durante los meses de enero, febrero y marzo, los órganos judiciales madrileños dictaron 1.226 órdenes de protección, un 2,6% más que en el mismo periodo de 2021.

Durante el trimestre analizado, fueron de nuevo muy significativos los datos relativos a las medidas civiles dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer para proteger a los hijos de las víctimas, como consecuencia de la aplicación de las modificaciones legales introducidas en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Durante el primer trimestre, se adoptaron por los órganos judiciales de la región 91 medidas consistentes en la suspensión del régimen de visitas, un 102,2 % más que hace un año, cuando este tipo de medidas fueron 45.

Aumento de las denuncias presentadas por terceros

Entre enero y marzo se registraron 6.534 denuncias por violencia de género, algo más de un 17 más que hace un año, cuando sumaron 5.472. El porcentaje de denuncias presentadas directamente por las víctimas, muy similar a los de trimestres anteriores, se situó en el 70,23%, mientras que las denuncias presentadas por los familiares se mantuvieron en un porcentaje muy bajo, el 1,62%, en consonancia con el primer trimestre de 2021. En total, las denuncias de familiares sumaron 743.

Por el contrario, aumentó el porcentaje de denuncias presentadas por los servicios asistenciales y terceros en general (250), situándose en el 3,82%, muy por encima de ejercicios precedentes.

Las denuncias por intervención directa de las Fuerzas de Seguridad del Estado (1.207) representaron el 18,47% del total, con un leve aumento respecto al mismo trimestre del año anterior.

Las mujeres víctimas de violencia machista fueron 6.438, esto es, un 17,1% más que en el mismo periodo de 2021, durante el que se contabilizaron 5.472. El 56,10% de las mujeres víctimas en Madrid tenía nacionalidad española.

El número de mujeres que han sufrido violencia de género por cada 10.000 mujeres ascendió a 16,7 (2,5 más que hace un año) en toda España.

Por encima de la media nacional se situaron Baleares (22,8), Murcia (22,6), Comunidad Valenciana (22,2), Andalucía (20,2), Canarias (19,5) y Madrid (18,3). Por debajo de la tasa nacional, Cantabria (15,1), Castilla-La Mancha (14,2), Navarra (13,7), Asturias (13,4), Extremadura (13,1), Aragón (12,9), País Vasco (12,8), Cataluña (12,7), La Rioja (12,5), Galicia (11,6) y Castilla y León (10,6).

Casi 10 de cada 100 víctimas renunció a declarar contra su agresor

En el periodo analizado, 626 mujeres víctimas de violencia de género se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar, lo que representa el 9,72% del total de víctimas del trimestre, un 2,9% menos que en el año anterior. Se trata del porcentaje de dispensas más bajo registrado por el Observatorio y se produce tras la reforma del art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada el año pasado.

Del total de mujeres que se acogieron a la dispensa, 322 eran españolas (el 5,23% sobre el total de víctimas) y 304 eran de otras nacionalidades (el 4,72 % sobre el total de víctimas).

Entre enero y marzo, se incoaron por los órganos judiciales un total de 1.355 órdenes de protección. De ellas, 1.226 lo fueron por los juzgados de violencia sobre la mujer y 129, por los juzgados de guardia.

Órdenes de protección

Las órdenes de protección adoptadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y por los juzgados de guardia sumaron 690, lo que equivale a una de cada dos órdenes solicitadas (51%), algo más de tres puntos superior al registrado hace un año, cuando las órdenes acordadas representaron el 47,71% del total de las incoadas.

Si se analizan por separado las órdenes de protección incoadas y acordadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y por los juzgados de guardia, se observa que los primeros dictaron 604 (el 49,26% de las 1.226 que le fueron solicitadas), mientras que los juzgados de guardia acordaron 86, el 66% de las 129 que le fueron solicitadas.

Seis de cada diez mujeres (el 61.90%) que solicitaron protección eran españolas y un 3.42% del total (tanto españolas como extranjeras) eran menores de edad. Estos porcentajes son muy similares a los del mismo trimestre del ejercicio anterior.

Los juzgados madrileños acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares, un total de 1.331 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores), un 0,37% más que en el mismo periodo de 2021. Las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (538), que representaron el 40,42% del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (también 538), otro 40,42 por ciento.

Suspensión del régimen de visitas

Por otra parte, los órganos judiciales dictaron 452 medidas civiles (un 5,63% menos que entre enero y marzo de 2021), cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (128) –el 28,31% del total de medidas civiles adoptadas–, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (140), el 30,97% del total.

Un trimestre más, el aumento más significativo se ha dado en la medida consistente en la suspensión del régimen de visitas: de las 45 medidas de este tipo acordadas en el primer trimestre de 2021, se ha pasado a 91, lo que ha supuesto un aumento del 102%. Este incremento es consecuencia de la aplicación por los jueces y juezas de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que modificó el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estableciendo la suspensión del régimen de visitas «cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido» con la violencia de género.

La suspensión del régimen de visitas supuso en Madrid el 20,13% de las medidas civiles adoptadas y la suspensión de la guarda y custodia (51), el 11,2%.

Natalia Moreno

Periodista. 19 años dedicada a la comunicación corporativa y la estrategia digital en el sector financiero. Es CEO de Itopía, consultora de marketing y comunicación digital y colaboradora en medios...

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