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Considera que Franco no prevaricó porque no tiene competencias para prohibir una manifestación por razones sanitarias

REGIONAL / 8 JUNIO 2020 / La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que archive la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, investigado por un delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias, entre ellas la marcha feminista del 8 de marzo, pese a las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus.

El recurso de la Fiscalía llega justo dos días antes de que el delegado del Gobierno en Madrid tenga que comparecer ante la juez Rodríguez-Medel para declarar en calidad de investigado en esta causa, en la que se trata de esclarecer si omitió las advertencias del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, que seis días antes del 8-M emitió un informe en el que instaba a cancelar todas las concentraciones, así como las recomendaciones sanitarias para prevenir el riesgo de contagio.

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El Ministerio Público asevera que Franco no ha cometido ningún delito de prevaricación, ya que, según dice, el mero hecho de recibir una comunicación acerca de la celebración de una manifestación “en ningún caso resultará subsumible en el artículo 404 del Código Penal”.

“Recibir una comunicación no equivale a dictar resolución”, recalca el fiscal, al mismo tiempo que subraya que esta actuación no sólo tiene que resultar “ilícita”, sino también “arbitraria”.

Manifestación del 8M (Día Internacional de la Mujer) en Madrid a 8 de marzo de 2020 (Foto EP – Jesús Hellín)
Manifestación del 8M (Día Internacional de la Mujer) en Madrid a 8 de marzo de 2020 (Foto EP – Jesús Hellín)

En este sentido, el recurso, además de reprochar a la juez de Madrid que no haya identificado “con claridad” el hecho “cuya ilegalidad haya que valorar”, hace hincapié en que es “sumamente relevante precisar que los delegados del Gobierno no ostentan competencias en materia sanitaria”.

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Por ello, no ve “razonable” exigirle la prohibición de manifestaciones por razones sanitarias “cuando las competencias en materia de salud pública, y, en concreto, para la adopción de medidas de prevención de vigilancia epidemiológica, correspondían a otro órgano administrativo”.

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Análisis de las diligencias practicadas

En cuanto al informe del Centro Europeo para el Control y prevención de Enfermedades emitido el 2 de marzo, al que aluden tanto el auto como la denuncia, la Fiscalía hace hincapié en que el documento recomendaba la cancelación de concentraciones masivas en los escenarios 3 y 4 y que en ese momento situaba a España en el primer escenario, aunque avisaba de que “podría evolucionar rápidamente al escenario 2”.

También destaca que, en contra de lo que afirma la denuncia, el documento denominado ‘Medidas de precaución relacionadas con el brote causado por el nuevo coronavirus COVID19 en la Comunidad de Madrid’, elaborado por la Dirección General de Salud Pública, que recoge medidas básicas de higiene, es emitido con fecha de 5 de marzo de 2020 y no se refiere a medidas relativas a concentraciones en espacios abiertos.

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“Indefensión” generada

La Fiscalía precisa que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el Covid-19 como emergencia de salud pública internacional el 30 de enero de 2020 y que no es hasta el 11 de marzo cuando se declara como pandemia.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus (Foto: EP)

“Con tal escenario, nacional e internacional, pretender que el investigado conocía que con una actuación diferente a la realizada (para la que, como hemos dicho, no estaba obligado ni legitimado) habría podido evitar la muerte de miles de personas y el contagio exponencial de la enfermedad resulta prácticamente inverosímil“, concluye la Fiscalía.

Los fiscales se muestran a favor de que se estime el recurso y entienden, al igual que los servicios jurídicos del Estado, que se ha generado indefensión, ya que la práctica de diligencias “no eran urgentes” y con la suspensión de los plazos no se podían recurrir.

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