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La Fiscalía Anticorrupción cree que el hecho de que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre tuviera «el control absoluto» del PP regional es «insuficiente» para procesarla en la pieza separada de ‘Púnica’ en la que se indaga sobre la presunta existencia de una ‘caja b’ de la formación en la capital.

Así se desprende del informe de 860 páginas que el Ministerio Público remitió al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, y en el que el fiscal califica de «endeble e inconsistente» parte de los indicios, que considera escasos «para sustentar una acusación formal» contra la propia Aguirre.

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Y, en lo que respecta al también expresidente regional Ignacio González, Anticorrupción ha pedido al instructor que le exculpe igualmente a pesar de «la existencia documental de haberse cometido un delito electoral en las elecciones autonómicas del año 2007». En concreto, apunta el escrito, porque los hechos habrían prescrito.

El fiscal considera, además, que «no existen indicios de cambios en las adjudicaciones, ni intentos de desvío de fondos». Asimismo, cree que «la credibilidad del inicial denunciante», el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, «resulta manifiestamente insuficiente, tanto por ser testifical de referencia, como por la posterior posición procesal del mismo».

En cuanto al presunto líder de la trama ‘Púnica’, el exconsejero Francisco Granados, Anticorrupción deja claro que su «participación resultó clave» para introducir al ‘conseguidor’ de la trama, Alejandro de Pedro, «en el ámbito» del PP en la Comunidad de Madrid y en el de las personas que realizaron parte de los trabajos de reputación sobre los que el magistrado ha puesto el foco.

Es por eso que, en su escrito, la Fiscalía solicita al juez que le envíe al banquillo por su posible responsabilidad criminal por un delito electoral, otro de cohecho y otro de tráfico de influencias.

Pesquisas desde el 2014

La 9 es la pieza separada de mayor trascendencia de esta trama de corrupción por cuanto García Castellón intenta determinar si existió una ‘caja b’ en el PP madrileño que sirvió para costear las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.

Las pesquisas arrancaron en 2014 tras el hallazgo de una agenda de su ex secretario general Francisco Granados, considerado el ‘cabecilla’ de la ‘Púnica’, en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.

En el primer golpe de la ‘Operación Púnica’, ese mismo año, fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como miembros de una trama de corrupción que habría otorgado contratos públicos por valor de 250 millones de euros al menos desde 2012 en la Comunidad de Madrid.

De un lado, los responsables políticos y administrativos hacían las adjudicaciones ‘a dedo’ y, de otro, los empresarios beneficiados por ello les pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban mediante un entramado societario, de acuerdo con el relato judicial.

El entonces juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigó los hechos como un todo hasta que en 2015 decidió trocear la causa para profundizar en los actos delictivos diferenciados que fue observando.

Natalia Moreno

Periodista. 19 años dedicada a la comunicación corporativa y la estrategia digital en el sector financiero. Es CEO de Itopía, consultora de marketing y comunicación digital y colaboradora en medios...

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