La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido este lunes al PSOE de que el decreto de vivienda que debe aprobarse el martes no puede quedarse en un texto de mínimos. «Ya no hay medias tintas, el caso de Maricarmen ha colmado el vaso», afirmó a las puertas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanece ingresada Maricarmen. García reconoció que el acuerdo dentro del Gobierno todavía está lejos, aunque las posiciones se van acercando con el paso de las horas.
La ministra acudió al hospital junto a representantes de Sumar y de los grupos de izquierda del Congreso, convocados por el Sindicato de Inquilinas para arropar a Maricarmen. Estuvieron, entre otros, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; los diputados del grupo plurinacional Carlos Martín, Alberto Ibáñez, Gerardo Pisarello y Enrique Santiago; Etna Estrems, de ERC; Mikel Otero, de Bildu; Àgueda Micó, de Compromís, y Tito Morano, de la ejecutiva de Podemos.
El socio minoritario del Gobierno llega a la recta final de la negociación con una lista de medidas que García calificó de «absolutamente irrenunciables». Sumar quiere que el decreto regule tanto los alquileres de vivienda habitual como los de temporada, que congele unos precios que la ministra definió como desorbitados y que incluya la renovación automática de los contratos. El objetivo, según insistió, es acabar con desahucios como el de Mari Carmen.
No aceptarán «parches»
García planteó la decisión del PSOE como una elección sin término medio. A su juicio, este desahucio marca un «punto de inflexión» y obliga a los socialistas a posicionarse entre la especulación y las familias que atraviesan situaciones como la de Maricarmen. La ministra recordó que Sumar lleva meses empujando a su socio en materia de vivienda y avisó de que no aceptará «parches».
La desconfianza sobre cómo está llevando el PSOE la negociación se repitió entre los asistentes. Morano denunció que, a 24 horas de que el texto pase por el Consejo de Ministros, los grupos de izquierda todavía no han recibido ningún documento, y acusó al Ejecutivo de pactar primero con Junts una versión rebajada para después pedir su voto. En la misma línea, Ibáñez avisó a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de que no puede presentar un decreto «descafeinado», sino uno que Compromís pueda apoyar.
Otros dirigentes pusieron el foco en la actitud de los socialistas. Enrique Santiago, de IU, dijo no entender sus resistencias a las peticiones del Sindicato de Inquilinas, mientras que Pisarello, coportavoz de los Comuns, defendió que las propuestas de la sociedad civil son irrenunciables y reprochó al PSOE que el problema de la vivienda no se resuelve con fotos ni con vídeos junto al alcalde de Nueva York.
Del Consejo al Congreso
La presión también mira a la votación posterior en el Congreso, donde el decreto tendrá que convalidarse. Estrems reclamó que el texto se parezca lo máximo posible a la propuesta del sindicato y pidió «altura de miras» a los grupos que deberán votarlo, en una alusión clara a Junts y a la derecha. «La calle pide medidas de izquierda», sostuvo la diputada de ERC, que emplazó a esos partidos a decidir de qué lado quieren estar.
Podemos, por su parte, se mostró más escéptico con el resultado. Morano, que defendió la expropiación de pisos en manos de fondos, reconoció que tiene pocas esperanzas puestas en el Gobierno y confió en la movilización social para evitar que el decreto Maricarmen se «cierre en falso».