Las calles del centro de Madrid volverán a acoger este domingo una nueva manifestación por la Sanidad Pública, convocada por la Plataforma Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid, que reúne a más de cien asociaciones, plataformas y entidades vecinales, y contra el «negocio» de un modelo «privatizador» defendido por las administraciones madrileñas del PP.
En concreto, bajo el lema ‘Salvar nuestra Sanidad Pública es salvarnos a todos’, seguirá el mismo formato que en ocasiones anteriores, con cuatro columnas que partirán a las 12.00 horas desde Atocha, Colón, Sevilla y Plaza Dalí Felipe II para confluir todas ellas en Cibeles.
Se trata de la quinta marcha con este formato convocadas por este espacio vecinal en los últimos años –noviembre de 2022, febrero de 2023 y mayo de 2024 y 2025–, algunas de ellas con gran capacidad movilizadora, fundamentalmente las que coincidieron con la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria en la pasada legislatura.
«Intereses particulares»
Como en anteriores ocasiones, los convocantes volverán a denunciar que un «derecho» como la Sanidad no puede ser «entregado» a «intereses particulares» y reclamarán un sistema «público y de calidad» que llegue a todos y no dependa de lo que cada uno tenga «en la cartera».
En este marco, se reclamará el «blindaje» de la Sanidad Pública con la derogación de las leyes que permiten la privatización sanitaria y revertir «los bienes privatizados», al entender que la sanidad no debe generar beneficios económicos sino que «debe generar bienestar social».
«Nuestra salud no puede ser el botín de ninguna empresa privada. Cada euro que se desvía de lo público a lo privado es un euro que se roba a la atención de nuestros mayores, al futuro de nuestros hijos e hijas y a la seguridad del conjunto de la población. La sanidad no debe generar beneficios económicos, debe generar bienestar social», alegan los convocantes.

Asimismo, protestarán por el «desmantelamiento de la Atención Primaria» y defenderán un primer nivel asistencial «fuerte» ya que, sin él, «el sistema sanitario entero colapsa». En este sentido, reclamarán que al menos un 25% del presupuesto sanitario llegue a la calificada como «puerta de entrada» al sistema.
Dignidad de los profesionales
La marcha también servirá para reclamar «dignidad» para los profesionales que trabajan en el sector sanitario, con peticiones como la implantación de las 35 horas semanales en la Comunidad de Madrid.
En este sentido, la convocatoria llega en un contexto de conflictividad laboral marcado por la huelga indefinida intermitente convocada a nivel estatal por el colectivo de médicos y facultativos para reclamar un Estatuto Marco propio que reconozca las particularidades de la profesión. Tras cuatro semanas en esta primera fase -del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril y del 18 al 22 de mayo-, hay prevista una nueva semana de paros entre el 15 y el 19 de junio.

Listas de espera
En este contexto, además, especialistas de hasta 44 servicios de 15 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid han anunciado que dejarán de hacer peonadas, las horas extraordinarias que se hacen por las tardes y que son decisivas para aligerar la lista de espera, a partir del próximo día 1 de junio.
Algo que previsiblemente empeorará unas listas de espera en la región que, según los organizadores de la marcha, son de «vergüenza» y que fomentan el modelo «privatizador». «La salud no puede esperar. El retraso sistemático en pruebas, especialistas y cirugías es una forma silenciosa de expulsar a la ciudadanía hacia los seguros privados. Es una privatización encubierta que crea pacientes de primera y de segunda en función de la cuenta corriente», han alegado.
Más financiación
En este contexto, desde este movimiento volverán a reclamar mayor inversión en Sanidad Pública en la región, la comunidad que más crece en población y la que
Según han remarcado, el gasto por habitante en la región es de 1.424 euros, frente a regiones como Asturias, donde llegan a 2.301 euros por habitante.

«Los efectos de esta nefasta gestión se intentan tapar culpando a la población migrante –que también trabaja, cotiza y paga impuestos– del deterioro, la falta de medios y la saturación de la sanidad pública», han indicado.
