Escuelas Católicas de Madrid (ECM), agrupación a la que pertenece el 69% de los centros concertados de la Comunidad de Madrid, han criticado la decisión tomada por el Gobierno regional de prohibir el uso individual de dispositivos digitales en alumnos de Educación Infantil y Primaria a partir del curso 2025/26.
A través de un comunicado, la organización ha expresado su malestar ante la falta de diálogo por parte del Ejecutivo madrileño respecto a una medida que considera «radical» y que, según denuncia, impacta en «la autonomía educativa y pedagógica de los colegios y en la libertad de elección de las familias».
Desde su perspectiva, esta decisión es «taxativa» y entra en contradicción con los valores de libertad, pluralidad y calidad educativa que defiende la Comunidad de Madrid. En este sentido, Escuelas Católicas de Madrid, que agrupa alrededor de 340 centros con más de 223.000 alumnos, ha manifestado su inquietud ante la medida, ya que considera que «vulnera su derecho a desarrollar un proyecto educativo propio y, sobre todo, elegido libremente por las familias«.
«Entendemos que el uso de dispositivos digitales admita un debate profundo que incluso debiera liderar la escuela, pero en ningún caso podemos hacerlo obviando el derecho de los titulares a establecer los proyectos educativos de sus centros, e imponiendo los enfoques y herramientas de su acción educativa», ha sostenido la organización.
A pesar de su desacuerdo, Escuelas Católicas de Madrid ha expresado su disposición a colaborar con la Administración y otros actores del ámbito educativo para tratar esta cuestión, con el objetivo de que la normativa final sea «coherente con el entorno y respetuosa con el proyecto educativo», siempre con la vista puesta en una enseñanza «de calidad, plural y libre».
En este contexto, ha recordado que, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), la titularidad de cada centro tiene la competencia sobre su proyecto educativo, lo que abarca la orientación pedagógica, las metodologías empleadas, los recursos didácticos y, en su caso, la digitalización.
Además, Escuelas Católicas de Madrid ha subrayado que, según el artículo 111 de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), los centros educativos tienen la obligación legal de aplicar estos procesos de digitalización, lo que entra en conflicto con la nueva restricción impuesta por el Gobierno madrileño.
