La regularización de migrantes recurrida por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso marcará de nuevo el Pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid.
Este ha sido el principal tema que ha marcado la agenda política esta semana en la región, ya que el lunes arrancaba el periodo para solicitar presencialmente adherirse a esta medida del Ejecutivo central que ha contado con el rechazo desde un inicio del Gobierno autonómico.
Tanto es así que hace dos semanas la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, adelantaba que recurriría ante el Tribunal Supremo el real decreto aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros.
Este miércoles se conocía que el Alto Tribunal había aceptado este recurso que se sostenía en que esta medida «afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos», «contraviene a la normativa de la Unión Europea» y afecta «a la Seguridad Nacional». Además, Díaz Ayuso ha advertido, desde que se planteara la medida, que esta podría «afectar» al censo electoral.
Este rechazo también llegaba de parte de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) encabezada por la alcaldesa de Alcalá de Henares, la ‘popular’ Judith Piquet, quien afirmaba que se estaba produciendo un «colapso» en los servicios municipales de la región.
A esta crítica a la medida del Ejecutivo central también se ha sumado Vox, aunque han acusado a Ayuso de oponerse a la misma por las encuestas electorales. El lunes en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces cargaban contra que se estuvieran poniendo «todos los recursos» para la regularización de quien «no debería estar» en España.
La izquierda, a favor
En cambio, desde Más Madrid y PSOE han destacado que la regularización está funcionando con «normalidad» y han cargado contra Ayuso por recurrirla.
Concretamente desde Más Madrid reclamaban el lunes que «todas las instituciones colaboren» poniendo los recursos necesarios para facilitar que se viva «una enorme ampliación de la democracia». «Es lo que ocurre cuando a cientos de miles de personas sin derechos se convierten en personas con derechos», planteaba.
Por su parte, el PSOE celebraba que el Gobierno central haya «dado la oportunidad a muchísimas personas que ya conviven» entre los españoles para darles «algo tan sencillo como vivir tranquilos».
Los socialistas traen a esta sesión dos Proposiciones No de Ley (PNL) relativas a la regularización. La primera de ellas reclama a la Comunidad agilizar la documentación que pueda ser útil para acreditar la estancia reclamada para poder solicitar la regularización. Pide también puntos de información y reforzar personal y horarios de las oficinas los meses que dure esta regularización.
La segunda iniciativa tiene que ver con el historial de la Tarjeta de Transporte Público Personal, que sirve para acreditar esta presencia en la región. Solicitan que se amplíe el número de Oficinas del Consorcio Regional de Transportes que la emiten -actualmente una- y que también se dote de más recursos. Sobre esta última la Comunidad de Madrid ya ha dicho que no lo hará y ha apuntado que si el Ejecutivo central quiere que lo hagan que lo paguen ellos.
Sesión de control
Este tema previsiblemente también se colará en la sesión de control a la presidenta regional, donde Vox le preguntará por medidas para apoyar el futuro de los jóvenes, PSOE por sus prioridades para 2026, Más Madrid sobre medidas para frenar el aumento del precio del alquiler y PP sobre el impacto de los eventos deportivos en la región durante los próximos meses.
Tras ello, en las preguntas dirigidas a los consejeros, se tratarán temas como las medidas contra la corrupción, el coste de vida de la región, las exportaciones a China, medidas para autónomos, el abordaje de la educación infantil por el Ministerio, el impacto económico de la sanidad universal y las consecuencias de «la regularización masiva de inmigrantes irregulares impuesta por el Gobierno central».