La huelga educativa vuelve este jueves, 5 de noviembre, a la Asamblea de Madrid. La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, tendrá que dar explicaciones sobre las movilizaciones de los docentes, que reclaman mejoras salariales, menos alumnos por aula y una reducción de las horas lectivas.
La comparecencia coincide con la segunda jornada de huelga en las seis universidades públicas madrileñas, cuyos trabajadores y estudiantes protestan contra lo que consideran una situación de «asfixia» financiera.
El conflicto educativo será uno de los principales asuntos de un Pleno en el que también se prevé aprobar, gracias a la mayoría absoluta del PP, la nueva Ley de Abogacía de la Comunidad de Madrid.
Zarzalejo mantiene su rechazo a las exigencias sindicales
La consejera ya compareció el pasado 15 de octubre para abordar los paros educativos. Entonces calificó la movilización de «huelga política y revolucionaria» y aseguró que el Gobierno regional no adoptaría medidas adicionales para ponerle fin.
Tres semanas después, su posición sigue siendo la misma. Este martes reiteró que las reivindicaciones sindicales son «totalmente inasumibles» y que no aceptará acuerdos que, a su juicio, supongan «la quiebra del sistema educativo madrileño».
Los sindicatos reclaman reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y 22 en Primaria, disminuir las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad.
También exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, mejoras en los centros educativos, un plan de climatización y medidas para retirar el amianto de las instalaciones.
Mientras tanto, las movilizaciones se han extendido a las universidades públicas, que este miércoles y jueves están llamadas a parar por la insuficiencia de financiación denunciada por los convocantes.
Una Ley de Abogacía que divide a Gobierno y oposición
Otro de los asuntos destacados será la aprobación de la Ley de Abogacía de la Comunidad de Madrid, destinada a reorganizar los servicios jurídicos de la Administración autonómica.
La norma establece que el Abogado General deberá pertenecer al Cuerpo de Letrados regional y acreditar al menos diez años de experiencia profesional.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso defiende que permitirá mejorar la organización de la Abogacía General y diferenciar el asesoramiento jurídico de la defensa en los tribunales.
Sin embargo, Más Madrid y PSOE cuestionan la reforma. Más Madrid acusa al Ejecutivo de querer poner los servicios jurídicos públicos al servicio de sus responsables políticos, mientras que los socialistas consideran que la norma pretende reforzar el control del Gobierno regional sobre este organismo.
Dos minutos de silencio por Carabanchel y Urda
La sesión comenzará con dos minutos de silencio. El primero, en recuerdo de la mujer asesinada el pasado 20 de octubre en Carabanchel en un caso de violencia de género.
El segundo estará dedicado a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido en la línea de alta velocidad Sevilla-Madrid.
Posteriormente se celebrará la sesión de control a Ayuso, en la que la oposición preguntará por la situación de las universidades públicas, el transporte y las movilizaciones previstas para el 11 de noviembre.
Vivienda, sanidad y suministro eléctrico
El Pleno también abordará las listas de espera sanitarias, el acceso a la vivienda y los Presupuestos regionales de 2027.
El PSOE defenderá iniciativas para ampliar el parque público de vivienda y mejorar el control de los tiempos de espera en la sanidad madrileña.
Más Madrid reclamará garantías para el ejercicio del derecho de huelga en la Administración autonómica y mejoras salariales para los trabajadores públicos.
Además, la consejera de Economía, Rocío Albert, comparecerá para explicar el impacto de la situación de la red eléctrica sobre las empresas madrileñas.
Una sesión parlamentaria marcada por el conflicto educativo, que sigue sin resolverse mientras docentes y universitarios mantienen sus protestas en las calles y los campus de la región.
