El Defensor del Pueblo ha solicitado la creación de 30 nuevos juzgados en la Comunidad de Madrid ante la elevada carga de trabajo que soportan los jueces, que en algunos casos supera el 270%. Según recoge su informe anual, un total de 86 juzgados de primera instancia presentan una sobrecarga que duplica el indicador establecido.
La institución señala que, tras diversas quejas recibidas a lo largo de 2025, ha trasladado varias recomendaciones tanto a la Secretaría de Estado de Justicia como a la Consejería competente de la Comunidad de Madrid. El objetivo es reforzar «la dotación de personal y medios en los órganos judiciales más afectados».
Estas reclamaciones, que incluyen datos del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, apuntan a una situación de sobrecarga estructural en los órganos judiciales.
De acuerdo con la información recopilada, en Madrid hay 86 juzgados de primera instancia con niveles de saturación, excluyendo los especializados en familia o incapacidades.
En el caso de los juzgados no especializados, la carga de trabajo ha superado ampliamente los parámetros fijados, situándose en un 217% en 2022, un 292% en 2023 y un 271% tanto en 2024 como en el primer trimestre de 2025.
El Consejo General del Poder Judicial concluye que esta situación prolongada en el tiempo hace necesario incorporar al menos 30 nuevos juzgados para asumir el volumen de asuntos y reducir los retrasos en la tramitación.
«Problema estructural»
El informe también recoge actuaciones en otros territorios. En Martorell, en relación con el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5, el Defensor del Pueblo intervino tras una queja por dilaciones indebidas.
En ese caso, la institución recomendó al Departamento de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat de Cataluña la elaboración de un análisis global del estado de los órganos judiciales en la comunidad.
Asimismo, instó a diseñar un plan de actuación que permita en los próximos años cubrir las necesidades de personal, reducir el volumen de asuntos pendientes y mejorar el funcionamiento del sistema judicial.
Según el informe, «estas actuaciones evidencian un problema estructural en la Administración de Justicia en España, donde la acumulación de asuntos y la falta de recursos siguen afectando al funcionamiento de los tribunales y al derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva».
