El que fuera alcalde de Valdemoro entre 2003 y 2011, José Miguel Moreno -que sustituyó en el cargo a Francisco Granados, también exconsejero de la Comunidad de Madrid- ha decidido reconocer la corrupción política vinculada a la pieza ‘Waiter Music’ del ‘caso Púnica‘ en el juicio en el que son juzgados junto a otros doce acusados.
La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el segundo juicio del caso Púnica en el que Granados se sienta en el banquillo después de que fuera condenado en el primero a dos años de prisión por servirse de un chivatazo que le dio un guardia civil sobre la investigación policial de esta trama corrupta.
Acuerdo de conformidad para ver rebajada la pena
Dos de los catorce acusados han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para ver rebajada la petición de pena contra ellos a cambio de confesar los hechos, el citado José Miguel Moreno y el exconcejal de Festejos de Moraleja de Enmedio Ricardo Godino, según han informado sus abogados en esta primera jornada de la vista dedicada a las cuestiones previas.
El juicio que ha comenzado este lunes se centra en la presunta contratación irregular de empresas vinculadas a la trama para la organización de festejos de municipios madrileños gobernados por el PP entre 2004 y 2013.
La Fiscalía Anticorrupción pide en sus conclusiones provisionales seis años de prisión para Granados por delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación.
Más encausados
Además de Granados, Moreno y Godino en el banquillo se sientan otros once acusados, entre ellos el exsenador y exdiputado en la Asamblea de Madrid David Erguido, por su etapa como teniente de alcalde de Algete, y otros exalcaldes de municipios madrileños.
En concreto el sucesor de Moreno, José Carlos Boza, que fue alcalde de Valdemoro entre 2011 y 2014 (recientemente absuelto en otra pieza de Púnica) y los regidores de Ciempozuelos, María Ángeles Herrera; Móstoles, Esteban Parro -también exsenador- y Daniel Ortiz, y de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada. Los dos últimos fueron condenados recientemente por otra rama del caso.
La Fiscalía pide para ellos en sus conclusiones provisionales entre dos y cuatro años de cárcel, salvo en el caso de Ortiz, para quien solicita inhabilitación de ocho años.
La fiscal ha adelantado en la vista que es posible que en el trámite de conclusiones definitivas acuse «también por delito de malversación o incluso por cohecho».
