Isabel Díaz Ayuso defendió que la adquisición del inmueble forma parte de la reforma integral de la Real Casa de Correos y aseguró que no tendrá una residencia oficial.

La compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el distrito de Chamberí sigue generando polémica. Después de que una investigación publicada por El País desvelara que el Gobierno regional adquirió el pasado mes de abril un inmueble de 485 metros cuadrados, con cerca de 200 metros de terraza, a través de la empresa pública Planifica Madrid, ahora se suma un nuevo frente: la normativa urbanística impediría destinar el inmueble a una oficina institucional, el uso que inicialmente defendió el Ejecutivo autonómico.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, negó este miércoles que el ático vaya a convertirse en su residencia particular y aseguró que forma parte de la reorganización del patrimonio de la Comunidad de Madrid mientras se acomete la reforma integral de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico.

“No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí”, afirmó Ayuso, quien explicó que la compra se realizó a través de Planifica Madrid, una empresa pública que, según dijo, “reorganiza el patrimonio de la Comunidad de Madrid y también vende inmuebles”. Sin embargo, evitó concretar el importe de la operación y el uso definitivo que tendrá el ático.

El ático de casi 500 metros cuadrados adquirido por la Comunidad de Madrid se encuentra en la última planta de este edificio de la calle Martínez Campos, 35, en el distrito madrileño de Chamberí.

La normativa urbanística no permite una oficina pública en ese ático

El principal obstáculo al planteamiento del Gobierno regional es la normativa urbanística del Ayuntamiento de Madrid.

El edificio donde se encuentra el inmueble está regulado por la Norma Zonal 1, Grado 3º del Plan General de Ordenación Urbana. Según esta normativa, no pueden implantarse oficinas ni dependencias de la Administración pública en la novena planta de un edificio residencial, ya que estos usos únicamente están permitidos en determinadas plantas inferiores.

La única excepción prevista es la de un despacho profesional vinculado a una vivienda habitual, un supuesto muy distinto al de una oficina institucional y que, además, no encajaría con las declaraciones de Ayuso descartando que vaya a residir en el inmueble.

Óscar López (Foto: PSOE)
El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha solicitado el expediente completo de la compra del ático, la comparecencia de la consejera de Hacienda y explicaciones sobre el coste, la financiación y el uso previsto del inmueble.

PSOE y Más Madrid piden explicaciones

Tras conocerse la operación, el secretario general del PSOE de MadridÓscar López, anunció que el Grupo Socialista ha solicitado el expediente completo de la compra, además de la comparecencia de la consejera de Hacienda para que explique de qué partida presupuestaria salieron los fondos destinados a la adquisición.

Los socialistas también reclaman conocer cuál será el destino definitivo del ático y si existen las licencias necesarias para adecuarlo como sede de trabajo de la Presidencia de la Comunidad.

Por su parte, Más Madrid ha remitido un burofax al consejero delegado de Planifica Madrid, Pedro Corbalán, en el que exige la entrega inmediata de todo el expediente de compra.

Más Madrid reclama el contrato, las tasaciones y el precio pagado

En el escrito, firmado por la portavoz parlamentaria Manuela Bergerot, la formación solicita la memoria que justificó la adquisición, las tasaciones, el contrato de compraventa, la escritura, los informes jurídicos, la financiación empleada y la justificación para comprar un inmueble residencial en lugar de alquilar oficinas o utilizar edificios públicos ya existentes. También pide conocer cuánto ha costado la operación a las arcas públicas

Además, Más Madrid solicita expresamente una memoria que explique cómo podría utilizarse como oficina un inmueble cuyo uso urbanístico es residencial, una cuestión que cobra especial relevancia tras conocerse las limitaciones que impone el Plan General. 

La formación advierte de que, si Planifica Madrid no facilita la documentación en el plazo legal, se reserva la posibilidad de emprender nuevas iniciativas parlamentarias y acciones legales por una posible vulneración de la normativa de transparencia. 

Tres meses después de la compra, siguen sin conocerse oficialmente el precio pagado por el inmueble, el expediente que justificó la operación ni el uso definitivo que tendrá el ático.

Periodista. Directora de Noticias para Municipios y miembro de SML

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