La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha lanzado una advertencia en la presentación de su Informe Anual sobre las personas refugiadas en España y Europa: las llamadas “políticas hostiles” están obligando a millones de personas a permanecer en países donde sus vidas y sus derechos corren peligro.
La organización denuncia que, aunque en 2025 se registró el primer descenso en una década del número de personas desplazadas forzosamente a nivel global, con 117,5 millones de personas, esta bajada no significa que haya menos necesidad de protección internacional. Al contrario, CEAR sostiene que los conflictos, la violencia, la inestabilidad política, la crisis climática y las vulneraciones de derechos siguieron intensificándose en distintas zonas del mundo.
“El descenso no responde a menos guerras o menos persecución, sino a más barreras para pedir protección”, es la lectura de fondo que deja el informe.
Madrid, epicentro de las solicitudes de asilo
La Comunidad de Madrid vuelve a aparecer como un territorio clave en materia de refugio. En 2025 concentró 3 de cada 10 solicitudes de asilo registradas en España. En total, la región atendió 43.585 solicitudes, por delante de Andalucía, con 20.013, y Catalunya, con 17.206.
Pese a estas cifras, CEAR señala que Madrid también siguió la tendencia estatal de descenso, con una caída del 8% respecto a 2024. Aun así, la entidad subraya que la región se consolida como punto clave de llegada y acogida para personas que huyen de la violencia, la persecución o la vulneración de derechos.
Menos solicitudes y menos protección en España
En el conjunto del país, España registró una reducción del 13,7% en las solicitudes de asilo, frenando la tendencia ascendente de los últimos años. CEAR vincula esta caída a los acuerdos con terceros países para contener los flujos migratorios y al efecto disuasorio del Reglamento de Extranjería, que no permite computar el tiempo de espera durante la resolución de asilo para acceder a determinados arraigos.
La entidad alerta, además, de un dato especialmente preocupante. La tasa de reconocimiento de asilo descendió más de siete puntos, hasta quedarse en un 11%. Esto sitúa a España en el antepenúltimo lugar de la Unión Europea en resoluciones favorables, solo por delante de Croacia y Chipre, y muy lejos de la media europea, situada en el 34%.
CEAR avisa de que cada vez hay más personas que necesitan protección, pero menos personas logran obtenerla.
El Pacto Europeo de Migración y Asilo, en el punto de mira
CEAR también pone el foco en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor el pasado 12 de junio. La organización advierte de que esta normativa puede dificultar aún más el acceso a la protección, especialmente por la creación de listas de países considerados seguros.
La entidad cuestiona que entre esos países puedan figurar Estados con graves déficits en derechos humanos, como Turquía, Colombia, Egipto o Túnez. También alerta del futuro Reglamento de Retorno, que contempla medidas como la detención prolongada o expulsiones a centros de deportación de terceros países, incluso sin vínculo previo entre la persona afectada y ese territorio.
La directora de CEAR, Mónica López, ha reclamado que España utilice su margen de maniobra para garantizar derechos en la aplicación del pacto europeo. Entre ellos, el principio de no devolución, la asistencia jurídica, el derecho a la información, la interpretación de calidad y la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Racismo, vivienda y empadronamiento
El informe no se limita a las fronteras. CEAR denuncia que las vulneraciones de derechos también se producen dentro de España, especialmente en el acceso a cuestiones básicas como el Ingreso Mínimo Vital, la vivienda digna o el empadronamiento.
La organización advierte además del avance del racismo y la xenofobia. Según el informe, los delitos e incidentes de odio relacionados especialmente con el racismo y la xenofobia aumentaron un 23,6% en 2025, la cifra más alta desde que existen registros del Ministerio del Interior.
Ante esta situación, el director de CEAR, Mauricio Valiente, ha reclamado un Pacto de Estado contra la escalada del odio, con compromisos jurídicos, presupuesto y mecanismos estables de protección.
Infancia migrante y rutas cada vez más peligrosas
CEAR también advierte de los cambios en las rutas migratorias. Las llegadas a costas canarias se redujeron un 62%, mientras que las llegadas a Baleares aumentaron un 24,5%, consolidando una nueva ruta desde Somalia.
La organización recuerda, además, que el 15% de las llegadas a costas fueron de niñas, niños y adolescentes sin referentes familiares. En 2025, un total de 581 menores fueron derivados desde Canarias a otras comunidades autónomas.
CEAR insiste en que España debe habilitar vías legales y seguras para garantizar el acceso a la protección internacional y evitar más muertes en las rutas migratorias.
Un nuevo Comité de Personas Refugiadas
La presentación del informe en el Congreso de los Diputados sirvió también para dar a conocer el nuevo Comité de Personas Refugiadas, impulsado por CEAR como un espacio de participación y representación formado por personas con experiencia de desplazamiento forzoso.
En el acto participaron voces como Ashtar Alahmad, activista y refugiada siria; Kadiata Malick Diallo, diputada de la Asamblea Nacional de Mauritania; Mohamed Farhan, refugiado somalí; y Tahreer Abujumaa, refugiada gazatí.
Así pues el informe refleja que Madrid sigue siendo una de las principales puertas de entrada al refugio en España, pero el sistema cada vez reconoce menos protección y levanta más barreras a quienes llegan huyendo.
