Quince mil millones de euros de inversión, hasta 24.000 empleos y 56 proyectos repartidos entre construcción y diseño. Esas son las cifras que la Comunidad de Madrid pone sobre la mesa para oponerse al proyecto de Real Decreto con el que el Gobierno central quiere regular los centros de datos.
Según los cálculos del Ejecutivo regional, de esos 56 proyectos activos en la región, 15 están ya en construcción y 41 diseñados, y su impacto directo sobre el PIB madrileño podría llegar a los 26.250 millones de euros. Eso, añade, sin contar el efecto de arrastre sobre el resto de la industria del conocimiento que depende de ellos.
Con ese volumen de negocio como argumento central, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior remitió el jueves un escrito de alegaciones al proyecto impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Su diagnóstico es tajante. La norma, tal como está redactada, «frenará la inversión» y «restará competitividad a España».
Cómo se reparte la electricidad
Detrás del rechazo hay una discrepancia técnica muy concreta. El decreto liga el acceso y la conexión a la red eléctrica a una batería de requisitos energéticos, hídricos, contractuales y de soberanía digital, cuyo incumplimiento podría traducirse en recargos económicos o en la pérdida directa de los permisos ya obtenidos.
Para el Gobierno regional, la saturación de la red no se resuelve limitando la demanda o las inversiones, sino invirtiendo en reforzar las infraestructuras eléctricas existentes.
El problema, añaden fuentes de la Consejería, es que muchos de esos proyectos se diseñaron bajo un marco normativo distinto. Por ello, razonan, aplicarles ahora estos requisitos con carácter retroactivo generaría, en sus palabras, «inseguridad jurídica» en todo el sector.
Para el Gobierno regional, la saturación de la red no se resuelve limitando la demanda o las inversiones, sino invirtiendo en reforzar las infraestructuras eléctricas existentes.
Una infraestructura que Madrid considera estratégica
El Ejecutivo autonómico defiende que los centros de datos son hoy una pieza imprescindible para el despliegue de la inteligencia artificial, la computación en la nube y los servicios digitales.
De ahí que reclame una regulación capaz de compatibilizar eficiencia energética y sostenibilidad con seguridad jurídica y atracción de inversión, en lugar de un marco que, a su juicio, puede acabar actuando como barrera de entrada.
La región recuerda además que España cuenta con disponibilidad energética y un crecimiento sostenido de las renovables, condiciones que considera propicias para consolidarse como uno de los grandes polos europeos de digitalización.
¿Decreto o ley? La disputa de fondo
Más allá del contenido, Madrid cuestiona el instrumento legal elegido por el Gobierno. Por su carácter «cuasi prohibitivo», sancionador y retroactivo, sostiene que la norma no debería tramitarse como real decreto, sino como una ley que pase por el filtro del Congreso de los Diputados.
Con ese argumento como colofón, la Comunidad reclama retirar el proyecto actual y reformularlo desde cero. Manteniendo los objetivos de eficiencia, sostenibilidad, descarbonización y soberanía digital, pero sin poner en riesgo la inversión ni el desarrollo de las redes eléctricas.
El Gobierno central, por su parte, sigue negociando con el sector tecnológico los detalles del futuro decreto. Fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez insisten en que los nuevos requisitos ambientales, energéticos y de soberanía digital no tienen por qué frenar la llegada de inversiones a España.