El Gobierno de la Comunidad de Madrid derivó a un total de 163 mayores a 15 residencias privadas durante el periodo más duro de la pandemia -entre abril y junio de 2020- procedentes de hospitales cuando había casi un millar de plazas disponibles en residencias públicas, según ha desvelado la cadena SER.
Esa intervención supuso un desembolso a las entidades privadas de 1,1 millones, pese a que en ese momento había plazas libres en las 25 residencias públicas de la región que gestiona la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). En este sentido, según los datos publicados por la SER, las residencias públicas llegaron a tener 1.417 plazas libres en abril, 1.538 en mayo y 1.616 en junio.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha explicado durante la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno regional por qué sucedió esto.
Así, ha informado de que, desde marzo de 2020, las autoridades sanitarias decretaron la suspensión de “los nuevos ingresos” en las residencias, a lo cual se sumó que “muchos residentes” decidieron irse a los domicilios de sus familiares algunas semanas.
Además, Ossorio ha explicado que, con la pandemia, la AMAS aplicó desde abril 2020 una “reserva del 20 por ciento de espacio para permitir una mayor distancia” entre residentes, ya que era una de las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar los contagios por coronavirus.
Por último, Ossorio ha resumido que todas las decisiones que se adoptaron en materia de traslados respondieron a “criterios técnicos”, en algunos casos por el nivel de contagios de los centros donde estaban los mayores.
Plazas libres
El Grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha tenido acceso a estos datos y, según su portavoz de Políticas Sociales, Lorena Morales, estos atestiguan que había “más de 1.500 plazas de media en residencias públicas entre abril y junio de 2020 mientras ingresaba a 163 mayores en residencias privadas”.
Además, la diputada regional ha señalado que estas “plazas se pagaron muy por encima del precio que abonaba por una plaza concertada y conforme a lo que las propias residencias privadas le pidieron”. La Comunidad de Madrid pagó a estos centros como indemnización casi 90 euros por plaza frente a los 50 euros que se pagaban en esas fechas por las plazas concertadas.
