La mujer del presidente de Quirón Prevención ha negado este jueves ante la jueza Inmaculada Iglesias que el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, le pagara una comisión encubierta de medio millón de euros por la compra de una sociedad sin actividad, operación vinculada a supuestos contratos con la consultora Maxwell.
Durante su declaración como investigada, que se ha prolongado durante más de una hora, la mujer explicó que aceptó una oferta de compra que le presentó González Amador y que consideró “razonable” para impulsar otros proyectos personales. Según fuentes jurídicas, ha asegurado que “no se leía los contratos” y que no hablaba de negocios con su marido.
“No existe ninguna comisión ni contraprestación oculta, todo fue transparente”, habría afirmado la defensa de la mujer investigada, según fuentes cercanas al caso.
La comparecencia se enmarca en la pieza separada de la causa principal abierta en octubre, que investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, distintos del supuesto fraude fiscal que también se instruye.
Una operación bajo sospecha
La Fiscalía y las acusaciones populares (PSOE y Más Madrid) sospechan que el empresario utilizó una sociedad instrumental, Masterman S.L., para canalizar ingresos ocultos procedentes de Quirón Prevención, que fueron presuntamente desviados desde su consultora Maxwell Cremona S.L., adjudicataria de contratos por valor de más de dos millones de euros.
Desde las acusaciones populares aseguran que “los hechos apuntan a una operativa claramente delictiva que debe ser esclarecida”.
La magistrada acordó abrir esta línea de investigación tras estimar parcialmente el recurso del PSOE y Más Madrid contra una resolución previa que rechazaba practicar diligencias. En el auto, se apuntaba que la compra de Masterman podría ser una “simulación subjetiva” del negocio jurídico, supuestamente como contraprestación por la adjudicación de los contratos.
El propio González Amador declaró en abril que la compra se justificaba por el valor comercial de la red de farmacias que tenía la empresa, negando que existiera intención alguna de eludir impuestos o beneficiar a terceros.
