La Federación Regional de Vecinos de Madrid y la misma pero en la ciudad de Barcelona, además de Facua Madrid han presentado una queja conjunta ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para pedirle protección «ante las situaciones de indefensión creadas por el sector económico de la hostelería y los respectivos gobiernos municipales y autonómicos en torno a la utilización del espacio público» de las terrazas.
La queja se ha interpuesto porque los madrileños y barceloneses sufren «un problema principal relacionado con la salud, que es el ruido», unido a que «progresivamente las terrazas han ido generando una sobreocupación del espacio público, que hacen ciudades más difíciles para la población y menos amables», afirma el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos.
El presidente, junto a a la presidenta de Facua Madrid, Marian Díaz, y por streaming con la presidenta de la FAVB, Ana Menéndez han pedido amparo a Gabilondo para poder recuperar sus ciudades, porque uno «ya no puede sentarse en una plaza a leer, los niños no pueden jugar al balón, para una persona ciega caminar por la ciudad es casi una gymkhana«.
En la rueda de prensa han enumerado los derechos vulnerados a los vecinos; el del descanso como parte fundamental a la integridad física y a la intimidad personal y familiar, artículos 15 y 18 de la Constitución, en relación con el derecho a la protección de la salud (artículo 43). Y anuncian que el ruido causado por los clientes y después los trabajadores al retirar el mobiliario, agravado por los incumplimientos de horario en la medida que vulnera el derecho fundamental a la protección de la salud.
O la vulneración del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado reconocido en el artículo 45 de la Constitución, por otra parte relacionado con el de protección de la salud. Haciendo referencia al consumo de tabaco en las terrazas y a la acumulación de residuos. Indican que las terrazas vulneran el principio de igualdad y no discriminación y del derecho al disfrute en plenitud de los derechos reconocidos en la Constitución a las personas con discapacidad.
«Dichas vulneraciones de derechos son responsabilidad de la Administración municipal, tanto desde el punto de vista de su actuación legislativa al dictar ordenanzas de concesión de licencias del uso del espacio público como desde el punto de vista de su actuación inspectora y sancionadora al no vigilar el cumplimiento de la normativa», han asegurado las formaciones de vecinos.