La formación municipal, Más Madrid, ha solicitado al juez de Instrucción número 30 de Madrid que interrogue como testigo a la intermediaria de la segunda estafa de mascarillas que ha sufrido el Ayuntamiento de Madrid.
La investigación se sustenta en una denuncia por presunta estafa contra una empresa por la venta de un lote de mascarillas defectuosas. La cantidad estafada asciende hasta los 1,2 millones de euros.
La Policía Municipal denunció en julio de 2021 una partida defectuosa de medio millón de mascarillas compradas a un proveedor de Estados Unidos, cuando se dieron cuenta de que el Ayuntamiento había sido estafado.
Los de Rita Maestre ya pidieron en abril de 2021 la declaración de María Araceli Vida Navarro por ser la persona de referencia de la empresa consultora ‘Aifos servicios legales y Consultoria S.L’.
‘Aifos servicios legales y Consultoria S.L’ hizo de intermediaria entre Phillipe Salomón, propietario de Sinclair & Wilde Ltd, y la Empresa Municipal de Servicios funerarios, encargada de la contratación de 500.000 mascarillas.
Más Madrid reitera que se interrogue a la intermediaria, ya que consta el intercambio de correos electrónicos entre Carlos Fernández-Pita González y Borja Fanjul Fernández Pita, concejal y presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que reenviaron un correo de Araceli Vida Navarro ofreciendo la posibilidad de hacer de contacto para buscar la mejor oferta de suministro de mascarillas.
Debido a esto, piensan que la declaración se ha vuelto «fundamental para un completo esclarecimiento de los hechos y de las posibles personas implicadas en los mismos».
La investigación de Medina y Luceño
Hoy se ha conocido que Alberto Luceño, empresario investigado, tenía una placa del Centro Nacional de Inteligencia, varias impresiones de imágenes de tarjetas de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa, que podía haber intentado utilizar, en su casa.
El ‘Eldiario.es’ ha adelantado que se han encontrado estos objetos en el registro de la vivienda del ‘socio’ de Luis Medina, esta documentación incautada pertenece a una pieza judicial separada y abierta por el juez Adolfo Carretero, para investigar las intervenciones de Luceño en el caso de las mascarillas.
En el registro del domicilio encontraron un ordenador, que se llevaron para investigar y tras su incautación se dirigieron a la sede de la empresa Takamaka Invest, donde encontraron información en documentos y de ordenadores.
Esta línea de la investigación se ha abierto a instancias de la Fiscalía para investigar las comunicaciones entre Alberto Luceño y el empresario malasio San Chin Choon, que podría declarar por videollamada próximamente.